Derecho a la información

Este texto de Juan Carlos López Aceves, escrito el 23 de diciembre de 2024, analiza la evolución del derecho a la información en México, desde su incorporación a la Constitución hasta la reciente reforma que elimina los organismos autónomos encargados de garantizarlo. El autor describe el proceso histórico, las reformas constitucionales clave y las implicaciones de la nueva legislación.

Resumen:

• La primera reforma al artículo sexto constitucional, aprobada en 1977 por Martha Chávez Padrón, Fernando San Pedro Salem y otros miembros de la L Legislatura del Congreso de la Unión, añadió la frase "El derecho a la información será garantizado por el Estado".
• Inicialmente, esta garantía se enfocó en los partidos políticos, pero en la década de 1990 la Suprema Corte de Justicia de la Nación la extendió a las personas.

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• La Ley Federal de Transparencia (2002) creó el IFAI.
• En Tamaulipas, la Ley de Información Pública (2004) fue implementada con el Tribunal Fiscal como organismo garante.
• La reforma constitucional de 2007 impulsó la creación de "órganos u organismos especializados", como el Itait (2008).
• La reforma de 2014 estableció organismos autónomos a nivel federal, estatal y en la CdMx, bajo el Sistema Nacional presidido por el INAI.
• La reforma constitucional del 20 de diciembre pasado elimina el INAI y los organismos estatales similares, transfiriendo la responsabilidad de garantizar el derecho a la información a las contralorías de los tres poderes en los tres niveles de gobierno.
• El Congreso de la Unión tiene 90 días para aprobar las adecuaciones legales, tras lo cual el INAI se extinguirá. Las legislaturas estatales tendrán el mismo plazo para realizar los ajustes correspondientes.
• El Itait, tras 17 años de funcionamiento, se extinguirá.

Conclusión:

• Se cierra un ciclo en la garantía del derecho a la información en México, con la desaparición de los organismos autónomos como el INAI y el Itait.
• Se inicia un nuevo paradigma donde las contralorías asumirán la responsabilidad de garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales.
• El cambio implica un proceso de adaptación legal y una redefinición de las funciones de las contralorías.
• La efectividad de este nuevo modelo aún está por verse.