Este texto de Javier Coello, escrito el 2 de diciembre de 2024, analiza las reformas legales en México relacionadas con la lucha contra los delitos fiscales y financieros, y su impacto en los derechos humanos. Se centra en la problemática de la prisión preventiva oficiosa y las propuestas de reforma que buscan revertir avances en materia de derechos humanos.
Resumen:
Se realizaron reformas en 2019 al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, incluyendo delitos de defraudación fiscal y contrabando en la prisión preventiva oficiosa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales estas adiciones, argumentando la violación de principios fundamentales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos “Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México” y “García Rodríguez y otros vs. México”, condenó al Estado mexicano por la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, vulnerando la presunción de inocencia y el debido proceso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales colegiados de circuito establecieron que la prisión preventiva no debe imponerse automáticamente.
El gobierno actual propone reformas a los artículos 1, 19, 105 y 107 constitucionales para: 1) impedir el uso del control de convencionalidad; 2) reinstalar la prisión preventiva oficiosa automática; y 3) reincorporar la defraudación fiscal y contrabando a los supuestos de prisión preventiva oficiosa.
Existe el riesgo de que la omisión del pago de impuestos, incluso por errores en las determinaciones fiscales, lleve a la prisión preventiva oficiosa.
Diversos actores del Poder Judicial se oponen a estas reformas, argumentando el incumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Conclusión:
Las reformas legales deben respetar los derechos humanos y las garantías procesales.
La prisión preventiva oficiosa automática viola los derechos humanos.
Es imperativo que las reformas se alineen con los estándares internacionales.
Se deben buscar alternativas que combatan la delincuencia fiscal sin vulnerar los derechos fundamentales.
