Este texto de La Jornada del 2 de diciembre de 2024 aborda la persistente crisis ambiental en la cuenca de los ríos Bacanuchi y Sonora, causada por un derrame tóxico de Grupo México en 2014. El artículo destaca la falta de justicia y reparación para las víctimas, a pesar de las promesas incumplidas del gobierno y la insuficiencia de las medidas tomadas.
Resumen:
El 6 de agosto de 2014, Grupo México, liderado por Germán Larrea Mota Velasco, provocó un derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en el arroyo Tinajas, contaminando 254 kilómetros de la cuenca Bacanuchi-Sonora.
El derrame afectó a ocho municipios, causando enfermedades a miles de personas por la alta concentración de metales pesados en el agua, como plomo, arsénico, cadmio y mercurio. Más de 300 pozos de agua fueron clausurados.
El gobierno impuso una multa insignificante a Grupo México y un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para la remediación, el cual fue cerrado unilateralmente por la empresa después de gastar solo el 60%.
Las promesas de plantas potabilizadoras y un hospital para los afectados no se cumplieron. Se estima que la reparación integral costaría al menos 20 mil millones de pesos.
Martha Patricia Velarde y Francisca García, de los Comités de Cuenca Río Sonora, exigen la participación de Grupo México y las víctimas en cualquier plan de remediación, y que el gobierno obligue a la empresa a reabrir el fideicomiso.
El artículo destaca la necesidad de que el nuevo gobierno reconozca los fallos de la Suprema Corte de Justicia de 2020 y actúe en consecuencia.
Conclusión:
La contaminación en la cuenca de los ríos Bacanuchi y Sonora representa una deuda de justicia para las poblaciones afectadas.
Es fundamental que el gobierno presione a Grupo México para que asuma su responsabilidad y financie una reparación integral de los daños.
La situación exige una acción contundente del gobierno para asegurar la salud y el bienestar de las comunidades afectadas y evitar que se repitan tragedias similares.
El caso refleja la necesidad de una regulación más estricta y un sistema de justicia ambiental más eficaz en México.
