Este texto de Antonio Aja, del 19 de Diciembre de 2024, analiza la reestructuración del sector de telecomunicaciones en México, con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y los cambios en las responsabilidades de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Se discuten las implicaciones presupuestarias y los potenciales desafíos de coordinación y eficiencia.
Resumen:
Se creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en 2025, a nivel de secretaría de Estado, para dirigir la política pública en telecomunicaciones.
La SICT seguirá a cargo de las licitaciones, supervisión del espectro radioeléctrico y el otorgamiento de concesiones.
La creación de un nuevo órgano regulador de competencia económica aún está pendiente.
Una reforma constitucional, turnada al Diario Oficial de la Federación, establece un nuevo régimen institucional sectorial. Se espera que el IFT continúe operando gran parte de 2025.
Se creará una "doble (o triple) ventanilla", dividiendo las funciones del IFT entre la SICT, la ATDT y un nuevo organismo de competencia, lo que podría generar incertidumbre y costos administrativos.
Se prevé una potencial falta de coordinación entre los nuevos organismos, con riesgos de conflictos competenciales y duplicación de esfuerzos, además de una posible pérdida de capital humano especializado.
El presupuesto del IFT se reducirá en un 70.2%, recibiendo 500 millones de pesos para liquidaciones y retiros voluntarios.
La ATDT tendrá un presupuesto de 3,010 millones de pesos, asumiendo funciones de diversas instituciones como la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Servicio Postal Mexicano, PROMTEL, la Agencia Espacial Mexicana, Infotec, Conamer, entre otras.
El presupuesto de la SICT se incrementará a $147,511 millones de pesos, asumiendo funciones regulatorias adicionales.
Conclusión:
Los cambios propuestos son puntuales y atinados, pero requieren grandes esfuerzos de coordinación, comunicación y capacitación para su implementación eficiente.
La reestructuración presenta riesgos de descoordinación, duplicidad de esfuerzos y pérdida de capital humano especializado.
El éxito de la reforma dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar la transición y asegurar una colaboración efectiva entre las nuevas entidades.
