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Este texto, escrito por Carlos Marín el 19 de Diciembre de 2024, analiza un informe sobre el Infonavit y las acusaciones de Ricardo Anaya sobre un posible desvío de fondos. El informe detalla un esquema de corrupción dentro del instituto y propone cambios legislativos que generan preocupación sobre el control gubernamental de los recursos.

Resumen:

• Se denuncia un esquema de corrupción dentro del Infonavit, donde se detectaron 12,000 créditos fraudulentos sobre 1,400 viviendas en varios estados de México, incluyendo Estado de México, Jalisco, Baja California, y Tlaxcala.
• Ricardo Anaya interpreta los cambios propuestos a la Ley del Infonavit como un intento del gobierno de apoderarse de dos billones de pesos pertenecientes a los trabajadores.
• Se señala la participación de una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos de valuación y peritos, quienes otorgaban múltiples créditos sobre una misma vivienda.
• El informe menciona la inacción de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría del Infonavit ante estas prácticas corruptas.
• Se propone que la Secretaría de Hacienda fije las reglas de crédito y controle las inversiones del Infonavit, otorgando al titular del instituto el poder de vetar las resoluciones del Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia si no hay unanimidad.
• Octavio Romero Oropeza, mencionado en el texto, es criticado por su gestión en Pemex, y se le relaciona con la posible administración de los fondos del Infonavit.
• La suspicacia de Anaya se basa en la apropiación de 40 mil millones de pesos de las Afores durante el gobierno de López Obrador, sin el consentimiento de los afectados.

Conclusión:

• El texto revela una grave situación de corrupción dentro del Infonavit, con implicaciones financieras significativas para los trabajadores mexicanos.
• Los cambios propuestos a la Ley del Infonavit generan preocupación por la centralización del poder y la posible falta de transparencia en la administración de los fondos.
• La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar la magnitud del daño y sancionar a los responsables.
• La analogía con la apropiación de fondos de las Afores refuerza la preocupación sobre la gestión gubernamental de los recursos de los trabajadores.