Este texto, escrito por Carlos Marín el 19 de Diciembre de 2024, analiza un informe sobre el Infonavit y las acusaciones de Ricardo Anaya sobre un posible desvío de fondos. El informe detalla un esquema de corrupción dentro del instituto y propone cambios legislativos que generan preocupación sobre el control gubernamental de los recursos.
Resumen:
Se denuncia un esquema de corrupción dentro del Infonavit, donde se detectaron 12,000 créditos fraudulentos sobre 1,400 viviendas en varios estados de México, incluyendo Estado de México, Jalisco, Baja California, y Tlaxcala.
Ricardo Anaya interpreta los cambios propuestos a la Ley del Infonavit como un intento del gobierno de apoderarse de dos billones de pesos pertenecientes a los trabajadores.
Se señala la participación de una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos de valuación y peritos, quienes otorgaban múltiples créditos sobre una misma vivienda.
El informe menciona la inacción de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría del Infonavit ante estas prácticas corruptas.
Se propone que la Secretaría de Hacienda fije las reglas de crédito y controle las inversiones del Infonavit, otorgando al titular del instituto el poder de vetar las resoluciones del Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia si no hay unanimidad.
Octavio Romero Oropeza, mencionado en el texto, es criticado por su gestión en Pemex, y se le relaciona con la posible administración de los fondos del Infonavit.
La suspicacia de Anaya se basa en la apropiación de 40 mil millones de pesos de las Afores durante el gobierno de López Obrador, sin el consentimiento de los afectados.
Conclusión:
El texto revela una grave situación de corrupción dentro del Infonavit, con implicaciones financieras significativas para los trabajadores mexicanos.
Los cambios propuestos a la Ley del Infonavit generan preocupación por la centralización del poder y la posible falta de transparencia en la administración de los fondos.
La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades y la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar la magnitud del daño y sancionar a los responsables.
La analogía con la apropiación de fondos de las Afores refuerza la preocupación sobre la gestión gubernamental de los recursos de los trabajadores.
