Este texto, escrito por Ignacio Morales Lechuga el 18 de diciembre de 2024, critica un decreto promulgado por los diputados de la Ciudad de México (CDMX) que aumenta las penas de prisión para delitos como la extorsión. Morales Lechuga, notario y exprocurador de la República, argumenta que esta medida es ineficaz y revela una falta de comprensión del problema de la inseguridad.
Resumen:
El decreto de la CDMX aumenta las penas de prisión por extorsión y actos indebidos de cobranza, llegando hasta los 30 años. Las penas son mayores si los culpables pertenecen a cuerpos de policía, empresas de seguridad, organizaciones de cobranza o cárteles.
Morales Lechuga argumenta que el problema no son las penas leves, sino la impunidad generalizada en el sistema de justicia. Menos del 2% de los delitos reciben sentencia.
Aumentar las penas no disuade a los criminales, ya que la mayoría desconoce las penas o las considera irrelevantes. Se cita el ejemplo del aumento de penas en 1993 y el incremento posterior de delitos.
Se menciona el aumento de homicidios dolosos en el sexenio 2019-2024 como prueba de la ineficacia de aumentar las penas. Se cuestiona la capacidad del sistema penitenciario para albergar a los nuevos presos y la posibilidad de rehabilitación de personas con condenas de 70 años o más.
El autor señala que la solución radica en mejorar la actuación de la policía, los ministerios públicos y los jueces, combatiendo la corrupción y la falta de profesionalismo.
Se critica la incoherencia de las leyes en la CDMX, como la prohibición de vapeadores junto a la existencia de fumaderos de marihuana a cielo abierto en Paseo de la Reforma. También se critica la mayor atención a los alcohólicos que a los drogadictos.
Se concluye que aumentar las penas solo maquilla los problemas del sistema de justicia sin resolver la raíz del problema: la impunidad y la falta de una política criminal integral.
Conclusión:
El aumento de penas por extorsión en la CDMX es una medida superficial que no aborda la verdadera causa de la inseguridad: la impunidad.
Se necesita una reforma integral del sistema de justicia, incluyendo la mejora de la actuación policial, ministerial y judicial, para combatir la delincuencia de manera efectiva.
La falta de una política criminal integral y la incoherencia en la aplicación de las leyes son problemas que deben ser abordados por los legisladores.
Aumentar las penas sin abordar la impunidad y la falta de profesionalismo en el sistema de justicia solo ahondará los problemas existentes.
