Este texto de Alberto Aguirre, escrito el 18 de Diciembre de 2024, analiza la problemática generada por la inminente desaparición de los órganos garantes de transparencia y acceso a la información en México, y las consecuencias que esto tiene para la gestión y preservación de datos públicos. El artículo describe las reacciones de diversas entidades y actores ante esta situación, incluyendo solicitudes de eliminación de datos y la creación de plataformas estatales alternativas.
Resumen:
Los órganos garantes estatales de transparencia previeron su desaparición y un regreso al esquema previo a la reforma constitucional de 2014.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas, coordinadora de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), reportó solicitudes de entidades para borrar datos del sistema y obtener el código fuente, acciones que constituyen violaciones a la ley.
El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) contiene 10.1 millones de solicitudes (2003-Noviembre 2024), mientras que el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) tiene 14,971 millones de registros, con Jalisco concentrando una gran parte. Esta información equivale a 40 veces el acervo del Archivo General de la Nación, según cálculos de Mexicanos contra la Corrupción.
El comisionado presidente del instituto de transparencia de Aguascalientes, Jorge Armando García Betancourt, solicitó el histórico de sujetos obligados y emplazó al Inai a firmar un convenio de cesión. Su homólogo de Chihuahua, Sergio Rafael Facio, calificó la desaparición de los órganos garantes como inconstitucional y anunció la construcción de una plataforma estatal.
El presidente del Info-Edomex, José Martínez Vilchis, abogó por fortalecer las capacidades estatales y no depender de una sola plataforma tecnológica.
Organismos académicos y representantes de la sociedad civil solicitaron acceso a las bases de datos de la PNT, preocupados por la preservación de la información.
La comisionada Del Río Venegas destacó la dificultad de transferir la información acumulada en un corto plazo.
Se mencionan efectos secundarios como la problemática transición en Jalisco con la cancelación de la concesión del servicio de recolección de basura a Caabsa–Eagle en Guadalajara, y el deslinde de Bankaool de las prácticas de Alquimia Pay.
Conclusión:
La desaparición de los órganos garantes de transparencia representa una grave amenaza para la accesibilidad y preservación de la información pública en México.
La centralización de la información en la PNT genera dependencia y vulnerabilidad ante su posible desmantelamiento.
La respuesta de las entidades federativas es dispar, con algunas buscando alternativas estatales y otras intentando eliminar datos.
La magnitud de la información acumulada y la complejidad de su gestión plantean un desafío significativo para la transparencia y el acceso a la información en el futuro.
