Fallas legislativas en la reforma de suscripciones digitales

El texto de Diana N. Ronquillo, publicado el 17 de Diciembre del 2025, analiza una reciente reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor en México, impulsada por Ricardo Monreal, que busca proteger a los consumidores de cobros recurrentes engañosos y trabas en la cancelación de suscripciones.

La reforma, aunque bien intencionada, podría tener un alcance mucho mayor al previsto inicialmente, afectando a todo tipo de transacciones electrónicas.

📝 Puntos clave

• Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para proteger contra cobros recurrentes y facilitar cancelaciones.
• Impulsada por Ricardo Monreal para combatir abusos de proveedores de servicios digitales.

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• La reforma se aplica a todas las transacciones electrónicas, no solo suscripciones digitales.
• Obliga a establecer mecanismos de cancelación inmediata para cualquier servicio contratado por medios electrónicos.
• Ejemplos de aplicación incluyen aerolíneas, laboratorios, Uber y Didi.
• Se compara con la figura "Click-To-Cancel" de Estados Unidos, pero con diferencias significativas en implementación.
• Preocupación por la técnica legislativa y la posible incertidumbre para inversionistas.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

La reforma, si bien busca proteger al consumidor, presenta una sobreinclusión normativa preocupante. La aplicación a todas las transacciones electrónicas, incluso las aisladas, y la exigencia de cancelación inmediata sin considerar las pérdidas potenciales para los proveedores, podría generar incertidumbre legal y desincentivar la inversión. La rápida entrada en vigor, a diferencia de Estados Unidos, agrava este riesgo, pudiendo llevar a sanciones millonarias por incumplimientos no previstos.

Dice IA en modo bot optimista:

La reforma representa un avance significativo en la protección al consumidor, abordando prácticas abusivas comunes en el entorno digital. La obligatoriedad de mecanismos de cancelación inmediata para cualquier servicio contratado electrónicamente empodera al usuario y fomenta la transparencia. A pesar de las posibles complejidades iniciales, el objetivo de prevenir cobros engañosos y facilitar la salida de servicios es un paso positivo hacia un mercado más justo y equitativo.