Este texto de Brenda Estefan, publicado el 17 de diciembre de 2024 en REFORMA, analiza la respuesta de México ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, centrándose en las implicaciones de las posibles deportaciones masivas de migrantes mexicanos. El artículo destaca la necesidad de una estrategia integral y coordinada para enfrentar este desafío, abarcando desde la diplomacia hasta la asistencia social para los deportados.
Resumen:
México adopta una postura más equilibrada ante las amenazas de Donald Trump, priorizando la defensa del T-MEC y buscando reducir la exposición mediática de la relación bilateral. La Presidenta Claudia Sheinbaum lidera esta estrategia.
La Secretaría de Economía ha desplegado cabilderos en Estados Unidos para contrarrestar las amenazas arancelarias de Trump.
La designación de Ronald Johnson como Embajador de Estados Unidos en México resalta la importancia de los temas de seguridad y migración, áreas que reciben menos atención en la estrategia actual.
La contribución económica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos (338 mil millones de dólares anuales) es destacada por Sheinbaum, pero la estrategia para enfrentar las deportaciones sigue siendo incierta. El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, está trabajando con los consulados mexicanos para preparar una respuesta. Se critica la designación de políticos como Rutilio Escandón como cónsul en Miami.
Se advierte sobre los riesgos de las deportaciones masivas, tanto para las ciudades fronterizas como para los deportados mismos, recordando la experiencia de la deportación de más de 3 millones de personas durante el gobierno de Barack Obama.
Se propone fortalecer las relaciones con Washington en materia migratoria, reactivando la agregaduría de Gobernación en la embajada y colaborando con ICE y CBP.
Se enfatiza la necesidad de un tratamiento integral de los deportados, incluyendo su reincorporación social y económica, con programas de apoyo y la coordinación con las embajadas de sus países de origen en el caso de nacionales de terceros países.
Se mencionan los "Acuerdos Locales de Repatriación" como herramienta para regular el proceso, pero se advierte sobre la necesidad de su cumplimiento y las vulnerabilidades de los deportados ante las bajas temperaturas.
Se exige a Estados Unidos una lista detallada de los deportados con antecedentes penales para verificar si existen órdenes de aprehensión en México, y se propone negociar con la Asociación de Bancos de México para que acepten los cheques de trabajo recibidos por los deportados durante su encarcelamiento.
Se concluye que las deportaciones son un tema de dignidad y derechos humanos, y que México debe priorizar el bienestar de los migrantes.
Conclusión:
México necesita una estrategia integral y coordinada para enfrentar el desafío de las posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos.
La colaboración interinstitucional y la cooperación con Estados Unidos son cruciales para gestionar las deportaciones de manera ordenada y humana.
La protección de los derechos humanos y el bienestar de los deportados deben ser la prioridad.
La falta de memoria institucional y el debilitamiento del Servicio Exterior Mexicano en áreas relevantes representan un obstáculo significativo.