Este texto de Luis Miguel González, escrito el 13 de Diciembre de 2024, analiza las discrepancias en las estimaciones del costo económico de la inseguridad en México, comparando los datos del Inegi y el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El autor cuestiona la cifra baja del Inegi y explora las implicaciones más amplias del problema.
Resumen:
El Inegi estima el costo de la inseguridad para las empresas en México en 124,300 millones de pesos en 2023 (0.5% del PIB).
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) ofrece una estimación mucho mayor: 4.6 billones de pesos (18.3% del PIB).
La diferencia se debe a las distintas metodologías: el Inegi se centra en las empresas, mientras que el IEP considera el costo social de la violencia.
Existe un alto subregistro de delitos, con menos del 10% de las empresas denunciando los incidentes que sufren.
El Inegi reporta que el 27% de las empresas sufrieron algún incidente, lo que equivale a más de 3,000 empresas afectadas diariamente.
González considera la estimación del Inegi demasiado baja, argumentando que el costo de la inseguridad trasciende las pérdidas empresariales y afecta a familias e individuos.
La inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, con un 58.6% considerando inseguro vivir en su ciudad (según el Inegi en Septiembre de 2024).
El IEP, un think tank con sede en Australia, utiliza una metodología que compara la realidad con una situación ideal de paz, lo que explica su alta estimación.
El autor concluye que se necesita una mejor medición del costo real de la inseguridad, incluyendo aspectos como la salud mental, inversiones no realizadas y pérdida de capital humano.
Conclusión:
Las estimaciones del costo de la inseguridad en México varían significativamente dependiendo de la metodología empleada.
Es crucial mejorar la recolección de datos y la metodología para obtener una cifra más precisa y completa.
Se requiere mayor inversión en la investigación para comprender el impacto total de la inseguridad en la sociedad mexicana.
La falta de información precisa dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para combatir la inseguridad.
Se propone solicitar a los legisladores un mayor presupuesto para una mejor medición del problema.
