Este texto de Estefanía Ciro, publicado el 11 de Diciembre de 2024, analiza el informe de Harm Reduction International (HRI) sobre el gasto de impuestos estadunidenses en la política antinarcóticos en Filipinas, México y Colombia. El texto critica la falta de transparencia y la ineficacia de este gasto, mostrando cómo beneficia principalmente a empresas privadas estadounidenses y a la burocracia antinarcóticos, en detrimento de las necesidades sanitarias y de desarrollo de los países receptores.
Resumen:
El presupuesto estadunidense para actividades internacionales "antinarcóticos" en el año fiscal 2025 es de un billón de dólares, similar al de 2024 pero inferior al de 2019 (1.2 billones). La Drug Enforcement Agency (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y la Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado son los principales receptores de estos fondos.
Entre 2015 y 2024, se gastaron 13 billones de dólares en la "guerra contra las drogas", superando ampliamente el gasto en educación primaria (8 billones) y acceso al agua potable (4 billones) en países de bajos y medianos ingresos.
El gasto en "control de narcóticos" a través de la Official Development Assistance (ODA) entre 2013 y 2022 fue de 1 billón de dólares. Colombia fue el principal receptor de estos fondos (156 millones), seguido de Afganistán, México y Perú. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también recibió una parte significativa.
El informe de HRI detalla ejemplos de gastos poco transparentes, como la compra de trituradoras en Ecuador, vehículos para unidades caninas en México, y un programa de becas para la policía en Colombia.
En 2023, el hemisferio occidental recibió la mayor parte del presupuesto antinarcóticos del Departamento de Estado, con Colombia como principal beneficiario. La DEA y la Homeland Security Investigations (HDI) asesoran a diferentes cuerpos de seguridad colombianos.
Las empresas privadas de Estados Unidos son las principales beneficiarias de estos fondos. En 2022, 29 millones de dólares de la ODA fueron a parar a compañías privadas estadounidenses, más del doble de lo que recibió el sector público en Colombia. Se menciona a Dyncorp como ejemplo de empresa que ha lucrado con la "guerra contra las drogas".
Conclusión:
El gasto estadunidense en la "guerra contra las drogas" es masivo e ineficiente, priorizando la seguridad nacional sobre las necesidades sanitarias y de desarrollo de los países receptores.
La falta de transparencia en el manejo de estos fondos permite que las empresas privadas de Estados Unidos se beneficien desproporcionadamente.
La estrategia antinarcóticos de Estados Unidos se centra en la represión, en lugar de abordar las causas subyacentes del problema de las drogas.
Se evidencia una relación de dependencia y subordinación de los países receptores, que actúan como "patio trasero" de la DEA y el INL.
