Este texto de Sergio Aguayo, escrito el 11 de diciembre de 2024, analiza la estrategia del gobierno federal mexicano, encabezado por la Presidenta, para combatir la inseguridad en Sinaloa, particularmente la influencia del Cártel de Sinaloa (CDS). El autor reflexiona sobre la efectividad de la estrategia, la participación de la sociedad civil y la posible impunidad de actores políticos locales.
Resumen:
La Presidenta envió a Omar García Harfuch a Sinaloa para coordinar las fuerzas federales y estatales en la lucha contra el crimen organizado.
El gobierno federal cuenta con un vasto aparato bélico e información sobre el CDS, obtenida a través de fuentes como Guacamaya Leaks y agencias de Estados Unidos.
Falta claridad sobre la estrategia a largo plazo para reducir la delincuencia en Sinaloa. Se destaca la necesidad de involucrar a la sociedad y romper pactos de impunidad, tomando ejemplos de Nueva York, Sicilia y Coahuila.
En el pasado, la población de Culiacán coexistió con un "Estado dual", aceptando la presencia del CDS. Sin embargo, la violencia reciente está cambiando esta dinámica.
Existe una creciente movilización social en Sinaloa, representada por un "Gran Acuerdo" para impulsar proyectos de seguridad y justicia, con la participación de empresarios locales.
El autor menciona el libro de Froylán Enciso, "De Sinaloa para el mundo", que analiza la "alta narcocultura" y la posible impunidad de funcionarios locales, incluyendo al gobernador Rubén Rocha. Se cuestiona si la Presidenta permitirá una investigación sobre estas presunciones.
La situación en Sinaloa se describe como un enfrentamiento entre el gobierno federal y las facciones del CDS, junto con la participación activa de una parte de la sociedad civil que busca una paz duradera.
Conclusión:
La estrategia del gobierno federal en Sinaloa es ambiciosa, pero su éxito depende de una estrategia clara a largo plazo y de la efectiva participación de la sociedad civil.
La lucha contra el crimen organizado en Sinaloa implica un complejo juego de poder entre el gobierno federal, el gobierno estatal, el CDS y la sociedad civil.
El futuro de Sinaloa dependerá del resultado del enfrentamiento entre estas fuerzas y de la capacidad de la sociedad para construir una paz duradera.
