Análisis de Columna de Opinión Reforma y el nuevo Poder Judicial, primeros cambios en El Universal

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El texto de Lenia Batres, fechado el 9 de noviembre de 2025, reflexiona sobre el primer año tras la implementación de la reforma judicial en México, haciendo un balance de sus resultados y desafíos. Se centra en los cambios en la SCJN y el PJF después de los comicios judiciales y la renovación de la mitad del poder judicial.

Un año después de la reforma judicial, la SCJN tiene nueve ministras y ministros electos, y la mitad del PJF ha sido renovada.

📝 Puntos clave

Se desestimó un proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara que buscaba anular la reforma judicial.
Se realizaron comicios judiciales y se renovó la mitad del PJF.
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La SCJN se enfoca más en las injusticias que afectan a grupos vulnerables.
Se resolvieron 255 asuntos en el pleno de la SCJN en dos meses.
Se emitieron cuatro declaratorias generales de inconstitucionalidad, incluyendo una sobre la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Se cumplió el ajuste al límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, eliminando privilegios.
Se recortó el presupuesto al PJF en 17,788,100,000 pesos y a la SCJN en 661 millones de pesos.
Se están debatiendo criterios cuestionables sobre la invalidez automática de leyes por falta de consulta indígena o a personas con discapacidad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos podrían señalarse sobre la reforma judicial, considerando la información proporcionada por Lenia Batres?

La resistencia a la implementación de la reforma, especialmente en el ajuste de remuneraciones y la eliminación de privilegios, así como el debate en curso sobre criterios cuestionables relacionados con la invalidez automática de leyes por falta de consulta a grupos vulnerables, sugieren que la reforma enfrenta desafíos y posibles retrocesos en su aplicación.

¿Qué beneficios o aspectos positivos destaca Lenia Batres sobre la reforma judicial?

La autora destaca el enfoque renovado de la SCJN hacia las injusticias que afectan a grupos vulnerables, el cumplimiento del ajuste salarial para funcionarios públicos, la reducción del presupuesto al PJF y la emisión de declaratorias generales de inconstitucionalidad que protegen derechos. Estos elementos sugieren un avance hacia una justicia más equitativa y transparente.