El crimen ya no solo mata: gobierna

El texto de Mariana Campos, publicado el 5 de noviembre de 2025, analiza la situación de seguridad en México tras los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, contrastando la narrativa oficial del gobierno con la realidad del control territorial por parte del crimen organizado.

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Bernardo Bravo, líder limonero, evidencian la debilidad del Estado frente al avance del crimen organizado.

📝 Puntos clave

• La narrativa oficial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por cifras presentadas por el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch, proyecta una mejora en la seguridad a nivel nacional.
• Los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo revelan la pérdida de control del Estado en territorios donde el crimen organizado impone sus propias reglas.

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• El texto argumenta que México no se dirige hacia una dictadura, sino hacia un desgobierno criminal debido a la disolución del poder estatal a nivel local.
• El crimen organizado suplanta las funciones del Estado, controlando mercados, fijando precios y decidiendo quién puede ocupar cargos públicos o ejercer actividades económicas.
• La autora propone reformar el marco legal y financiero de los municipios para fortalecer los gobiernos locales y desarticular las economías criminales.
• Se enfatiza la necesidad de proteger a quienes resisten al crimen organizado y de reactivar la participación ciudadana.
• El debilitamiento de los contrapesos institucionales ha facilitado el ascenso de los regímenes criminales.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que señala el texto sobre la situación en México?

La pérdida de control del Estado en amplias regiones del país, donde el crimen organizado suplanta las funciones gubernamentales, impone sus reglas y ejerce poder político y económico con autonomía.

¿Qué soluciones propone el texto para abordar la problemática planteada?

Replantear el modelo municipal, fortaleciendo los gobiernos locales con sostenibilidad fiscal, atribuciones reales y capacidad operativa, desarticular las economías criminales, proteger a quienes resisten al crimen organizado y reactivar la participación ciudadana.