Este texto de Héctor Fernández Pedroza, escrito el 5 de noviembre de 2024, analiza la sublevación de la judicatura federal mexicana en respuesta a una reforma judicial. El autor argumenta que la reforma es legítima y que la oposición judicial es un intento golpista carente de fundamento legal.
Resumen:
Se describe la oposición de una cofradía dentro del sistema judicial federal mexicano a la reforma judicial, calificándola como una sublevación esperada y una intentona golpista. Se compara la situación con la instauración de la dictadura porfirista hace 150 años.
Se afirma que el Poder Reformador (Congreso de la Unión y legislaturas estatales) cumplió con los requisitos para aprobar la reforma, otorgándole legitimidad jurídica e institucional.
Se rechaza la idea de que el poder judicial sea equiparable a los poderes Ejecutivo y Legislativo, argumentando que su función es interpretativa, no invalidatoria de la Constitución.
Se critica la estrategia de la judicatura de utilizar recursos legales improcedentes para postergar la aplicación de la reforma, buscando apoyo político e internacional.
Se desmiente la existencia de una crisis constitucional, argumentando que los mecanismos legales para impugnar normas (juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad) no permiten desafiar las reformas constitucionales.
Se menciona una tesis aislada de 2009 de la SCJN que permite revisar el procedimiento de la reforma, pero se argumenta que su aplicación en este caso es inaceptable.
Se destaca la decisión de la SCJN en 2024 de aplazar la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, demostrando la imposibilidad de que los tratados internacionales estén por encima de la Constitución.
Se acusa a los funcionarios judiciales, orquestados desde la ministra presidenta de la SCJN, de una subversión sin fundamento jurídico, utilizando a sus trabajadores y buscando apoyo internacional (USA, OEA) para presionar al gobierno.
Se elogia la estrategia del gobierno federal y el Congreso de la Unión de no impugnar judicialmente las órdenes judiciales.
Se analiza la situación del INE y su posible involucramiento en el conflicto, debido a una opinión consultiva del TEPJF.
Se recomienda al gobierno, personificado por la presidenta de la República, que llame al respeto al orden constitucional y que desconozca la competencia judicial para frenar la reforma. Se propone un plazo perentorio para la normalización de las actividades judiciales.
Conclusión:
Héctor Fernández Pedroza considera la oposición a la reforma judicial como una grave amenaza al orden constitucional mexicano, impulsada por intereses particulares y carente de fundamento legal. Insta a una respuesta firme del gobierno para restablecer el orden y evitar consecuencias negativas para el país.
