Este texto analiza los desafíos que enfrenta la industria de las telecomunicaciones en Hispanoamérica, comparándola con un barco que debe adaptarse a un mar cambiante. Se argumenta que la regulación actual, obsoleta y enfocada en tecnologías del pasado, impide la necesaria transformación y rentabilidad del sector.
Resumen
La industria de las telecomunicaciones en Hispanoamérica ha experimentado una caída del 38% en sus ingresos entre 2012 y 2022, según Nera.
La regulación actual, enfocada en tecnologías obsoletas como el cobre y la telefonía pública, dificulta la adaptación a las nuevas tecnologías como la fibra óptica. Se menciona el ejemplo de Perú y la insistencia en mantener teléfonos públicos.
Telefónica Hispanoamérica ha invertido en la expansión de la fibra óptica, alcanzando más de 18 millones de hogares y retirando más de 30 mil toneladas de cobre.
La demanda de conectividad crece a doble dígito, lo que exige mayores inversiones, pero la rentabilidad del sector se ve afectada por la regulación.
Se cuestiona la necesidad de una regulación sectorial específica de protección al consumidor, cuando existen normas generales aplicables a otras industrias.
Se critica la regulación de servicios en desaparición como la telefonía pública, la mensajería de texto y la voz fija.
Las políticas de competencia del pasado, que favorecieron el acceso preferente de nuevos jugadores a precios subestimados, han llevado a una crisis de sostenibilidad en países como Chile y Colombia.
Se critica el enfoque recaudatorio del pasado, con altos precios por el espectro e impuestos especiales que afectan solo al sector. Se propone un cambio hacia un enfoque que reconozca el valor de la conectividad para la economía digital.
Se concluye que se necesita una regulación que habilite el futuro y permita la consolidación de los jugadores en riesgo para garantizar la continuidad de los servicios.
Conclusión
El texto hace un llamado urgente a la revisión de la regulación del sector de las telecomunicaciones en Hispanoamérica. Se argumenta que una regulación obsoleta y enfocada en la recaudación, en lugar de en la innovación y la expansión de servicios, está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector y su capacidad para contribuir al desarrollo de la economía digital. Se propone un cambio hacia una regulación que se adapte a las nuevas realidades del mercado y que permita a las empresas invertir y crecer, garantizando así la conectividad necesaria para el futuro de la región.
