La gravedad de que el crimen organizado se infiltre en elecciones: un llamado a la acción

El texto de Catalina Pérez Correa, escrito el 5 de noviembre de 2024, analiza la creciente violencia política en contextos electorales en México, sus diversas manifestaciones y sus consecuencias para la democracia y la participación ciudadana. Se destaca la preocupante relación entre el crimen organizado y la política, así como la vulnerabilidad de las mujeres en este contexto. El texto también menciona las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para combatir este problema.

Resumen

• La violencia política en contextos electorales en México es una amenaza significativa para la democracia, afectando la participación ciudadana.
• Las manifestaciones de esta violencia incluyen amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos de funcionarias y funcionarios electorales, precandidatas y candidatos.

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• El financiamiento ilícito de campañas, incluyendo recursos del crimen organizado, es un problema grave. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de evitar la aceptación de este tipo de financiamiento.
• La imposición de candidaturas por parte del crimen organizado representa un riesgo latente, siendo los partidos políticos el primer filtro para impedirlo.
• La manipulación del voto a través de la entrega de dádivas y amenazas, así como la intervención en casillas electorales, son tácticas utilizadas para favorecer a candidaturas criminales.
• Data Cívica reportó un aumento en los ataques a personas e instalaciones en 2023 (570) en comparación con años anteriores. La mayoría de las víctimas fueron candidatas o competían por puestos municipales.
• En 2024, Data Cívica documentó 30 asesinatos, 32 amenazas, 14 ataques armados, 37 atentados y 9 secuestros de precandidatas y candidatos. La violencia política reduce la participación electoral.
• La violencia política de género afecta desproporcionadamente a las mujeres, representando el 20% de las víctimas.
• El INE, a pesar de sus limitaciones, colabora con instituciones de seguridad y ha implementado acciones para fortalecer la normativa contra la violencia política de género, incluyendo un registro nacional de personas sancionadas, un informe de quejas y denuncias, y la obligación de los partidos políticos de destinar al menos el 50% de su financiamiento a candidatas. También se menciona la colaboración con META para crear una guía para enfrentar la violencia de género y la puesta en marcha de un programa piloto de Defensoría de Mujeres.

Conclusión

El texto de Catalina Pérez Correa resalta la urgencia de que el Estado mexicano refuerce sus esfuerzos para combatir la violencia política en contextos electorales, proteger la integridad del proceso electoral y garantizar la participación segura e igualitaria de todas las personas, especialmente las mujeres. La colaboración entre instituciones y la responsabilidad de los partidos políticos son cruciales para enfrentar este desafío a la democracia.