Análisis de Columna de Opinión Juzgar lo juzgado en El Universal

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El texto de Catalina Perez Correa, publicado el 4 de noviembre de 2025, analiza la controversia generada por la propuesta del nuevo presidente de la SCJN de reabrir casos previamente juzgados por las salas de la Corte Suprema, a raíz de la absolución definitiva de Juana Hilda González Lomelí. La autora argumenta que esta acción socava el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la credibilidad del sistema judicial.

La propuesta de reabrir casos ya juzgados por la SCJN pone en tela de juicio el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica.

📝 Puntos clave

Juana Hilda González Lomelí fue liberada por la SCJN después de 19 años y 5 meses de prisión, debido a que su confesión fue obtenida bajo tortura.
El nuevo presidente de la SCJN propone reabrir casos ya juzgados, lo que ha generado controversia.
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La propuesta surge a raíz de una impugnación de la Fiscalía General a la absolución de Juana Hilda.
La ministra Lenia Batres se ha declarado a favor de revisar fallos de casos concluidos.
El principio de cosa juzgada garantiza que un caso no puede ser juzgado nuevamente una vez agotados los recursos legales.
La reforma judicial impulsada por Morena debilitó la independencia judicial.
La autora critica la propuesta, argumentando que destruye la credibilidad del sistema judicial y la seguridad jurídica.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal riesgo que identifica la autora en la propuesta de reabrir casos ya juzgados?

La autora considera que el principal riesgo es la destrucción de la credibilidad del sistema judicial y la incertidumbre jurídica que genera, ya que si los casos resueltos pueden ser reabiertos, se socava la confianza en las sentencias y en la función del Estado de resolver conflictos.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, podría tener la revisión de casos ya juzgados según el texto?

El texto no presenta ningún aspecto positivo directo de la revisión de casos ya juzgados. Más bien, se centra en los riesgos y consecuencias negativas que esto podría acarrear para el sistema judicial y la seguridad jurídica.