Propiedad privada: ¿quién la defiende?

Este texto de la Asociación Mexicana de Urbanistas A.C., escrito el 4 de Noviembre de 2024 por la Arq. Ana Karla Beraza Sánchez, analiza el problema de las invasiones y el despojo de propiedades en México, particularmente en el Estado de México y la Ciudad de México. Se explora el contexto legal, las reformas recientes y se proponen soluciones para mejorar la protección de la propiedad privada.

Resumen

• El despojo de propiedades en México es un problema alarmante que afecta el derecho a la propiedad privada, con la inacción o incluso la participación de las autoridades.
• Casos en Ecatepec (Estado de México) y la Colonia Condesa (Ciudad de México) ilustran la dificultad que enfrentan los propietarios para recuperar sus propiedades, enfrentando procesos judiciales largos y costosos.

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• La corrupción y el abuso de poder contribuyen al problema, creando un clima de inseguridad y desconfianza en las instituciones.
• Se han introducido reformas legales para tipificar el despojo como delito penal, acelerando los procesos y estableciendo sanciones más efectivas. La Ernestina Godoy Ramos, quien asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica en 2024, ha impulsado estos esfuerzos.
• El despojo tiene un impacto devastador en los individuos y la sociedad, generando costos económicos, inseguridad y afectando el desarrollo urbano ordenado.
• Se proponen soluciones como:
  • Reformas jurídicas y penales para tipificar el despojo como delito.
  • Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de autoridades locales para sancionar la corrupción.
  • Creación de una Defensoría para la Propiedad Privada que ofrezca defensa legal gratuita.
  • Protección de inmuebles desocupados mediante sistemas de monitoreo y seguridad.

Conclusión

La protección de la propiedad privada es crucial para la estabilidad social y económica de México. Si bien las reformas legales representan un avance, se necesita un compromiso firme de las autoridades para su aplicación efectiva y la erradicación de la corrupción para garantizar el respeto al derecho a la propiedad privada de todos los mexicanos. La colaboración entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil es fundamental para lograr un sistema justo y equitativo.