Este texto, escrito por Rubén Alonso el 4 de noviembre de 2024, analiza la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El autor examina los puntos fuertes y débiles de la propuesta, centrándose en sus implicaciones para la transparencia, la anticorrupción y la simplificación administrativa.
Resumen:
La iniciativa de Sheinbaum Pardo busca una "reingeniería" de la Administración Pública Federal para lograr un gobierno "honesto, libre de influyentismo, corrupción o impunidad".
Se propone transformar la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cambiando su enfoque de correctivo-sancionador a preventivo.
El autor cuestiona la afirmación de que el gobierno es "el actor más importante en la dirección de la sociedad", argumentando que esto contradice la soberanía popular y la gobernanza participativa.
Se critica la falta de correlación explícita entre la iniciativa de "reingeniería" y la reforma constitucional sobre "simplificación administrativa", especialmente en relación con la extinción del INAI y el IFT.
No se aclara cómo se integrarán o reformularán las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción con la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El texto expresa preocupación por la falta de claridad sobre cómo se garantizará el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales tras la posible desaparición del INAI.
Se destaca la incertidumbre sobre el futuro de los derechos fundamentales, como el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ante la posible extinción del IFT.
La ausencia de leyes generales que sustituyan las funciones del INAI genera incertidumbre sobre la protección de los derechos fundamentales en juego.
Conclusión:
Rubén Alonso concluye que, si bien la iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo presenta aspectos positivos, como el enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción, presenta lagunas importantes en cuanto a la congruencia con otras reformas, la protección de derechos fundamentales y la claridad en la implementación de la "reingeniería" propuesta. La falta de detalles sobre la transición y la sustitución de instituciones como el INAI e IFT genera incertidumbre y preocupación.
