Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto de Mariana Boy Tamborrell, escrito el 29 de noviembre de 2024, analiza la problemática de la tala ilegal en México, sus impactos ambientales, sociales y económicos, y las acciones emprendidas por la PROFEPA para combatirla. El texto también destaca la necesidad de políticas públicas integrales para abordar el problema a largo plazo.

Resumen

• La tala ilegal en México es un grave problema que afecta el patrimonio forestal, generando competencia desleal para los emprendimientos forestales legales y sustentables.
• Aproximadamente el 34% del territorio mexicano está cubierto por bosques, selvas y manglares, pero enfrenta una tasa de deforestación anual de 208,746 hectáreas.
• La tala ilegal, la extracción de tierra de monte y los cambios ilegales de uso de suelo provocan pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos vitales.
• El 14 de noviembre, la PROFEPA, en coordinación con instituciones de seguridad como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, realizó un operativo en 13 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán).
• El operativo resultó en el cierre de 12 aserraderos, el decomiso de 757.2 m³ de madera, 28 maquinarias y 2 vehículos. Se detectaron irregularidades como la falta de autorizaciones, registros incompletos y remisiones forestales alteradas.
• Se requiere implementar programas de desarrollo y educación a nivel federal, estatal y municipal para ofrecer alternativas económicas a las comunidades en zonas forestales críticas.
• La PROFEPA continuará realizando operativos de inspección y vigilancia en coordinación con autoridades ambientales y de seguridad pública para detener la tala ilegal, la extracción de tierra de monte y los cambios ilícitos de uso de suelo.

Conclusión

El texto de Mariana Boy Tamborrell resalta la urgencia de combatir la tala ilegal en México a través de acciones coordinadas de vigilancia y operativos, así como de políticas públicas integrales que promuevan el desarrollo económico y social en las comunidades que dependen de los recursos forestales. Se enfatiza la necesidad de una estrategia a largo plazo que combine la represión con la promoción de alternativas sustentables.