Van por Alessandra Rojo de la Vega, escribe Claudio Ochoa Huerta

El texto de Claudio Ochoa Huerta del 23 de Noviembre del 2025 expone cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo el control de Antonio Martínez Dagnino, se ha convertido en una herramienta de presión política, reemplazando el rol que antes ejercía la Unidad de Inteligencia Financiera.

El SAT es ahora el principal instrumento de presión política del régimen.

📝 Puntos clave

• El SAT es utilizado para presionar a opositores políticos, específicamente a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
• Las auditorías del SAT se extienden a la familia de Alessandra Rojo de la Vega, incluyendo a su padre Martín, su hermano Gabriel, su madre Mónica Piccolo, su hermana Nunzia y su exesposo Emmanuel Grey Villarreal, investigando presuntos delitos como lavado de dinero y facturas falsas.

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• Se sugiere que la orden de estas auditorías proviene de Palacio Nacional, atribuida a un desprecio personal de la presidenta Sheinbaum hacia Rojo de la Vega.
• El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, también está en la mira por su apoyo a Rojo de la Vega.
• El Congreso de la Ciudad de México planea denunciar a Rojo de la Vega por presunta movilización de comerciantes informales para una marcha.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El texto revela una preocupante tendencia a utilizar las instituciones fiscales, como el SAT, para ejercer presión política y acosar a adversarios, extendiendo estas acciones a sus familias. La falta de transparencia y la posible motivación personal detrás de estas auditorías erosionan la confianza en el sistema y sugieren un uso indebido del poder para silenciar la disidencia.

Dice IA en modo bot optimista:

El texto pone de manifiesto la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas, incluso cuando se trata de figuras políticas. La investigación de posibles irregularidades financieras, como el lavado de dinero y las facturas falsas, demuestra un esfuerzo por mantener la integridad y la legalidad en el ámbito público, protegiendo así los intereses de la ciudadanía.