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El texto analiza el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de México para el próximo año, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, centrándose en el impacto en la educación. El texto destaca la falta de sorpresas en la asignación presupuestal y la preocupación por los recortes a ciertas áreas y la desaparición de organismos autónomos.

Resumen:

• El 73.12% del presupuesto de educación básica se destina a las becas Benito Juárez y Rita Cetina, cumpliendo la promesa de la presidenta Sheinbaum de ampliar su cobertura.
• Se realiza un recorte significativo al programa La Escuela es Nuestra (LEEN), pasando de casi 30 mil millones de pesos a poco menos de 16 mil millones. Esto afectará la infraestructura de más de 50 mil escuelas sin agua potable y 26 mil sin electricidad, entre otras necesidades. La promesa de la presidenta Sheinbaum de regresar las escuelas de tiempo completo o jornada ampliada se ve comprometida por este recorte.
• Se recorta el presupuesto de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) en un 40%, y se anticipa su desaparición, lo que elimina un organismo técnico especializado en la evaluación educativa.
• Se observan recortes similares en otros organismos constitucionalmente autónomos como el CONEVAL y el INAI, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de sus funciones y la evaluación de políticas sociales, incluyendo la educación. La autora menciona la preocupación de Mexicanos Primero por el futuro de la educación ante estas decisiones.
• La autora, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos, expresa su preocupación por la falta de claridad sobre quién asumirá las funciones de evaluación de programas sociales y políticas educativas tras la desaparición de estos organismos. Se menciona la situación similar de la prueba PISA tras la desaparición del INEE.

Conclusión:

El texto revela una preocupación significativa por las implicaciones del presupuesto propuesto para la educación en México, destacando los recortes a la infraestructura escolar y la eliminación de organismos clave para la evaluación y la garantía de los derechos humanos en la educación. La falta de claridad sobre la reasignación de funciones y la incertidumbre sobre el futuro de la evaluación educativa generan una perspectiva pesimista para el sector.