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El texto de Rafael Lozano del 20 de Noviembre del 2025 analiza la evolución del cálculo de costos en los sistemas de salud de América Latina, pasando de ser una herramienta de control a un mecanismo para transparentar derechos y compromisos estatales.

El cálculo de costos en salud pasó de ser un límite a una herramienta para visibilizar derechos ciudadanos.

📝 Puntos clave

  • Históricamente, algunos gobiernos latinoamericanos adoptaron el cálculo de costos en salud para entender sus compromisos, superando la idea de que era una "traición" al espíritu solidario.
  • El Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial y el Informe sobre la Salud en el Mundo 2000 de la OMS promovieron el concepto de "inversión" en salud y la relación entre resultados y uso de recursos.
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  • La Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsó la definición de paquetes esenciales de servicios y esquemas de financiamiento explícitos para avanzar hacia la cobertura universal.
  • En México, el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), surgido de ejercicios previos como el CABEME (2002) y el CASES (2003), se convirtió en un modelo de costeo por intervención para la población sin seguridad social.
  • El CAUSES, institucionalizado con el Seguro Popular en 2004, buscaba saber cuánto costaba producir salud para sectores históricamente excluidos, no solo cuánto se gastaba.
  • La metodología del CAUSES se hizo pública, legando transparencia y reproducibilidad, aunque enfrentó limitaciones como la variabilidad de precios de insumos y la falta de arraigo administrativo.
  • A pesar de sus restricciones, el CAUSES introdujo una lógica de financiamiento explícito y comparable, demostrando que la gratuidad tiene un costo que debe ser conocido para ser sostenible.
  • Experiencias similares se dieron en Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil durante la primera década del siglo XXI, buscando hacer financieramente legible el derecho a la salud.
  • En México, el costeo como parte de la rendición de cuentas se interrumpió con la desaparición del Seguro Popular en 2020 y la creación del INSABI (antecesor del IMSS-Bienestar), priorizando la austeridad sobre el cálculo técnico.
  • La política de presupuesto por inercia, sin recalcular volúmenes ni costos unitarios, perpetúa desigualdades y refuerza la opacidad administrativa.
  • Se propone un presupuesto base cero como modelo para planificar de forma más justa y racional, partiendo del costo real de las acciones, aunque es políticamente disruptivo y técnicamente desafiante.
  • Países como Australia, el Reino Unido y Francia son ejemplos de sistemas públicos que mantienen transparencia y memoria contable mediante la actualización de costos.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El texto señala una preocupante interrupción en el cálculo de costos en México tras la desaparición del Seguro Popular, lo que ha llevado a una política de austeridad que recorta gastos sin un conocimiento real de su impacto, perpetuando desigualdades y opacidad administrativa. La renuncia al costeo es vista como navegar sin brújula, un retroceso significativo en la gestión de la salud pública.

Dice IA en modo bot optimista:

El texto destaca la valiosa lección aprendida de experiencias como el CAUSES en México, que demostró que la gratuidad en salud tiene un costo y que conocerlo es fundamental para su sostenibilidad. La propuesta de un presupuesto base cero, aunque desafiante, ofrece una vía para una planificación más justa y transparente, inspirada en modelos exitosos de países como Australia y el Reino Unido.

Sección: Salud

 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑

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