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El texto de Lorena Piñón Rivera, publicado el 17 de noviembre de 2024 en El Heraldo de México, analiza la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México por la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional mexicano. El artículo argumenta que esta medida viola derechos humanos fundamentales y contradice los principios de un Estado democrático de derecho.

Resumen:

• La prisión preventiva oficiosa, al encarcelar a personas sin sentencia, viola el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• La medida contradice el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe detenciones arbitrarias, y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita el uso de la prisión preventiva.
• La prisión preventiva oficiosa también infringe el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al principio de proporcionalidad, al negar una evaluación individualizada de cada caso.
• La decisión de la bancada mayoritaria de Morena de ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa es considerada un grave retroceso, que ignora la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Esta decisión profundiza la crisis del sistema penal mexicano, alejándolo de los estándares internacionales de justicia y demostrando ser ineficaz para combatir la delincuencia.
• La autora considera la situación como una "muerte de la presunción de inocencia", representando la eliminación de un derecho fundamental.

Conclusión:

El artículo de Lorena Piñón Rivera critica fuertemente la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando que su mantenimiento y expansión representan una grave violación a los derechos humanos y un retroceso en el sistema judicial mexicano. La autora enfatiza la necesidad de que México cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reforme su legislación para ajustarse a los estándares internacionales.