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Este texto de Maite Azuela, publicado el 14 de noviembre de 2024, analiza la controversia entre el Poder Judicial Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre contratos millonarios para obras públicas. El artículo cuestiona la falta de transparencia y la posible impunidad en el manejo de fondos públicos, contrastando la atención mediática sobre los salarios de los ministros con el silencio sobre este caso específico.

Resumen:

• El Poder Judicial Federal ha adjudicado de forma directa, al menos desde 2013, obras a la Sedena a través de convenios de colaboración interinstitucional, evitando licitaciones públicas.
• Tres contratos entre la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura Federal y la Sedena, por un total de 1,383 millones 95 mil 919 pesos, presentan irregularidades.
• El Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra Piña, acusa a la Sedena de incumplimiento de contrato, debido a mala calidad en las obras y falta de evidencia de un correcto ejercicio de los recursos.
• El Consejo de la Judicatura Federal solicita a la Sedena la devolución de 348 millones 851 mil 507 pesos por concepto de pena convencional.
• La Sedena, a través de la Dirección General de Ingenieros, se niega a devolver los recursos, argumentando que se presentó la documentación que avala el ejercicio de los mismos.
• El artículo cuestiona la falta de atención mediática a este caso, contrastándolo con la crítica a los salarios y pensiones de los ministros de la Corte.
• Se plantea la posibilidad de que la falta de transparencia y rendición de cuentas en el caso de la Sedena sea un ejemplo de impunidad en el contexto de la 4T.

Conclusión:

El texto de Maite Azuela revela una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas en la relación entre el Poder Judicial Federal y la Sedena. La controversia sobre los contratos millonarios y la negativa de la Sedena a devolver los recursos cuestionados, pone en evidencia la necesidad de una mayor fiscalización y un debate público sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de contratos con instituciones militares. La autora plantea interrogantes cruciales sobre la posible impunidad en casos de presunta corrupción que involucran a la Sedena, contrastando la atención mediática selectiva sobre otros aspectos del gasto público.