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Este texto de Roberto Gil Zuarth, escrito el 14 de Noviembre de 2024, analiza críticamente una reforma propuesta al artículo 21 de la Constitución de México, relacionada con la seguridad pública y la Guardia Nacional. El autor argumenta que, a pesar de la noble intención de la reforma, existen problemas técnicos significativos que podrían socavar su eficacia y generar conflictos con otras normas constitucionales.

Resumen:

• La reforma, aunque busca mejorar la seguridad pública, presenta problemas técnicos que afectan su integración al sistema legal existente. Su éxito depende de su compatibilidad con las normas preexistentes.
• La reforma elimina la función policial de la Secretaría de Seguridad Pública, asignando la función de investigación de delitos a una dependencia de la administración pública federal, lo cual genera preocupaciones sobre la falta de control y la posible reactivación de prácticas similares a la Dirección Federal de Seguridad.
• La reforma amplía la función de investigación más allá de la investigación de los hechos constitutivos de delitos, incluyendo su "esclarecimiento", lo que podría violar el principio de unidad e indivisibilidad del ministerio público y la reserva competencial del juez penal.
• La atribución de "auxiliar" a la persona presidenta de la República en materia de seguridad nacional es ambigua y podría interpretarse como una relación de horizontalidad entre la secretaría y el presidente, en lugar de la relación jerárquica esperada.
• La reforma delega en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la facultad de "ampliar" las bases de coordinación entre órdenes de gobierno, una función que constitucionalmente corresponde al Congreso General.
• La reforma podría permitir a la Secretaría de Seguridad Pública asumir el mando en "acciones de colaboración", lo que reabre una vieja discusión constitucional sobre la distribución de competencias.

Conclusión:

Roberto Gil Zuarth concluye que, si bien la necesidad de clarificar las responsabilidades en materia de seguridad pública es innegable, la reforma propuesta podría generar más problemas de los que resuelve, contribuyendo a la fragmentación del sistema legal mexicano. Se recomienda una evaluación cuidadosa de las implicaciones de la propuesta para evitar que la reforma, aunque necesaria, termine debilitando la estructura constitucional.