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Este texto, escrito por Manuel López San Martín el 13 de noviembre de 2024, critica la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impulsada por Morena y sus aliados. El autor argumenta que esta decisión se basa en la obediencia ciega a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y no en el mérito o la legitimidad de Piedra Ibarra.

Resumen:

• La reelección de Rosario Piedra Ibarra en la presidencia de la CNDH se considera ilegítima, carente de mérito y motivada por la obediencia a AMLO.
• Piedra Ibarra llegó al cargo de manera ilegítima en su primer periodo, sin reunir la mayoría calificada en el Senado.
• Durante su primer mandato, la CNDH bajo su liderazgo fue omisa ante graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, falta de medicamentos para niños con cáncer, asesinatos de migrantes, y otras situaciones.
• Su gestión estuvo marcada por controversias, incluyendo señalamientos de compras excesivas y desvíos millonarios.
• En su proceso de reelección, Piedra Ibarra obtuvo la peor calificación entre los aspirantes, incluso presentando cartas de apoyo apócrifas, como una supuestamente firmada por el Obispo Raúl Vera López.
• A pesar de la falta de legitimidad y las calificaciones negativas, Morena y sus aliados la impulsaron para la reelección, siguiendo las instrucciones de AMLO, incluso ante la preferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum por otra candidata, Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
• La reelección de Piedra Ibarra se interpreta como una demostración de poder de AMLO, incluso después de dejar el cargo, asegurando el control de la CNDH y evitando cualquier crítica a su gobierno.

Conclusión:

El texto de Manuel López San Martín denuncia la falta de transparencia y legitimidad en el proceso de reelección de Rosario Piedra Ibarra, considerándolo un acto de imposición política por parte de AMLO y Morena, que socava la independencia e imparcialidad de la CNDH. La autora argumenta que esta acción refuerza la percepción de un control político sobre las instituciones, en detrimento de la defensa de los derechos humanos en México.