Este texto de Salvador García Soto, del 13 de noviembre de 2024, analiza la compleja situación que enfrenta la implementación de la reforma judicial mexicana, destacando los obstáculos legales y presupuestales que impiden su avance. También critica la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.
Resumen:
La implementación de la reforma judicial mexicana está paralizada debido a cientos de amparos judiciales que impiden al INE organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros para el 1 de junio de 2025.
208 órdenes de jueces federales suspenden las acciones del INE, a pesar de las presiones del gobierno y el Poder Legislativo. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, no puede avanzar mientras existan estas suspensiones.
Existe incertidumbre sobre el presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos solicitado por el INE para las elecciones. Las críticas de Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde aumentan la desconfianza.
El regateo presupuestal complica la organización de las elecciones, que requerirán la instalación de 170 mil casillas de votación y la impresión de seis boletas por votante.
El INE considera recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver la situación legal.
Mientras la CIDH analiza impugnaciones a la reforma judicial, en México la reforma se encuentra estancada por amparos y falta de presupuesto.
La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, impulsada por Morena y atribuida a la influencia del expresidente desde Palenque, genera controversia y críticas por su falta de imparcialidad. La oposición de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos fue ignorada. Se menciona la participación de Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña. Se mencionan como alternativas a Piedra Ibarra, a Nashieli Ramírez y a Paulina Hernández Diz.
Conclusión:
El texto de García Soto revela una profunda crisis en la implementación de la reforma judicial mexicana, marcada por la confrontación entre el poder judicial, el INE, el gobierno y el partido Morena. La falta de recursos y la presión política, junto con la cuestionada reelección de Rosario Piedra Ibarra, ponen en duda la efectividad y la legitimidad del proceso de reforma. La situación refleja una tensión entre la voluntad política de implementar cambios y las limitaciones institucionales y legales.
