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Este texto de Salvador García Soto, del 13 de noviembre de 2024, analiza la compleja situación que enfrenta la implementación de la reforma judicial mexicana, destacando los obstáculos legales y presupuestales que impiden su avance. También critica la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.

Resumen:

• La implementación de la reforma judicial mexicana está paralizada debido a cientos de amparos judiciales que impiden al INE organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros para el 1 de junio de 2025.
• 208 órdenes de jueces federales suspenden las acciones del INE, a pesar de las presiones del gobierno y el Poder Legislativo. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, no puede avanzar mientras existan estas suspensiones.
• Existe incertidumbre sobre el presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos solicitado por el INE para las elecciones. Las críticas de Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde aumentan la desconfianza.

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• El regateo presupuestal complica la organización de las elecciones, que requerirán la instalación de 170 mil casillas de votación y la impresión de seis boletas por votante.
• El INE considera recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver la situación legal.
• Mientras la CIDH analiza impugnaciones a la reforma judicial, en México la reforma se encuentra estancada por amparos y falta de presupuesto.
• La reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, impulsada por Morena y atribuida a la influencia del expresidente desde Palenque, genera controversia y críticas por su falta de imparcialidad. La oposición de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos fue ignorada. Se menciona la participación de Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña. Se mencionan como alternativas a Piedra Ibarra, a Nashieli Ramírez y a Paulina Hernández Diz.

Conclusión:

El texto de García Soto revela una profunda crisis en la implementación de la reforma judicial mexicana, marcada por la confrontación entre el poder judicial, el INE, el gobierno y el partido Morena. La falta de recursos y la presión política, junto con la cuestionada reelección de Rosario Piedra Ibarra, ponen en duda la efectividad y la legitimidad del proceso de reforma. La situación refleja una tensión entre la voluntad política de implementar cambios y las limitaciones institucionales y legales.