Astillero

El texto de Julio Hernández López del 10 de Noviembre de 2025 analiza la reacción del Grupo Salinas y de Ricardo Salinas Pliego ante una posible sentencia desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que el consorcio ha declarado que el estado de derecho en México terminará si se le obliga a pagar sus adeudos fiscales. El autor critica esta postura, señalando la incongruencia y el historial de favores gubernamentales que han beneficiado al grupo empresarial.

El Grupo Salinas argumenta que el cobro de impuestos es una represalia política por expresar opiniones diferentes al gobierno.

📝 Puntos clave

• El Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego anticipan una sentencia adversa de la SCJN y afirman que esto marcará el fin del estado de derecho en México.
• Hernández López califica esta declaración como una "insensatez conceptual" y una estrategia demagógica.

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• El autor critica el argumento de Salinas Pliego de que los cobros fiscales son una represalia política, recordando su historial de cercanía y favores recibidos de diversos gobiernos, incluyendo los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
• Se menciona el Plan Michoacán anunciado por la presidenta Sheinbaum, que implica una inversión de 57 mil millones de pesos, generando interrogantes sobre el financiamiento y la posible extensión a otros estados.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más criticable de la postura del Grupo Salinas según el autor?

El aspecto más criticable es la hipocresía de Ricardo Salinas Pliego y del Grupo Salinas al alegar persecución política y ataque a la libertad de expresión cuando se les exige el pago de impuestos, cuando históricamente han sido beneficiarios de favores gubernamentales y han utilizado sus medios para apoyar a diversos gobiernos a cambio de contratos y beneficios.

¿Qué aspecto del texto podría generar debate o discusión constructiva?

El anuncio del Plan Michoacán por parte de la presidenta Sheinbaum y la inversión de 57 mil millones de pesos podría generar un debate constructivo sobre la asignación de recursos federales, la priorización de proyectos y la transparencia en el uso de fondos públicos, así como la posibilidad de replicar planes similares en otros estados.