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El texto de Alberto Aguirre del 28 de Octubre del 2024 describe la situación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ante la inminente desaparición del organismo.

Resumen

• Los comisionados del Inai están dispuestos a renunciar para proteger a los 800 empleados del organismo, pero mantienen su agenda de viajes internacionales.
• Josefina Román Vergara, quien propuso la renuncia de los comisionados, encabeza una delegación del Inai a la Asamblea Global de la Privacidad en Bailía de Jersey, Inglaterra.
• Norma Julieta Del Río declinó asistir a la Asamblea Global de la Privacidad y a un viaje a Tegucigalpa por motivos de austeridad.
• Adrián Alcalá Méndez, presidente del Inai, considera irresponsable renunciar y solo lo haría si el Senado garantiza el quorum legal.
• El Inai entregó su propuesta de reingeniería institucional a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de optimizar recursos sin comprometer funciones esenciales ni reducir salarios.
• La propuesta de reingeniería incluye la reducción del gasto operativo del Inai y la transferencia del arrendamiento financiero de la sede a la administración federal.
• El ajuste no contempla una reducción de los sueldos para mandos medios y superiores, argumentando que el Inai ya se alineó a las políticas de austeridad de la administración anterior.
• El 80% del presupuesto del Inai se destina a servicios personales, mientras que la compactación de plazas y la reducción del gasto de operación representan solo el 11.4% del presupuesto.

Conclusión

El texto de Alberto Aguirre muestra la compleja situación del Inai ante la inminente desaparición del organismo. Los comisionados buscan proteger a los empleados, pero mantienen su agenda de viajes internacionales, lo que genera controversia. La propuesta de reingeniería busca optimizar recursos sin afectar las funciones esenciales ni reducir los salarios, pero la reducción del gasto operativo y la compactación de plazas son limitadas. La situación del Inai refleja la tensión entre la necesidad de austeridad y la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.