El texto analiza los desafíos que enfrenta Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, en el contexto de las tensiones socioambientales que caracterizaron el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Resumen
Sheinbaum hereda un escenario complejo marcado por conflictos socioambientales, con 389 registrados entre 2017 y 2021 según el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana.
La gestión de AMLO se caracterizó por la intensificación de conflictos relacionados con megaproyectos extractivistas que impactan a comunidades rurales e indígenas.
Sheinbaum deberá abordar estos conflictos desde una perspectiva social y política, reconociendo la crítica de movimientos sociales que se sienten traicionados por las políticas de AMLO.
El escenario económico limita las capacidades de Sheinbaum para implementar una agenda ambiental ambiciosa, con presupuestos ajustados y una creciente demanda de energía.
Pemex, la empresa petrolera estatal, enfrenta una crisis financiera, lo que genera tensiones en la política energética de Sheinbaum, quien busca equilibrar el apoyo a Pemex con el impulso a las energías renovables.
Sheinbaum ha manifestado su intención de ampliar las infraestructuras de energías renovables, diferenciándose de AMLO quien priorizó la explotación de combustibles fósiles.
Para abordar los desafíos socioambientales, Sheinbaum deberá considerar propuestas como la "Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas", coordinada por Leticia Merino y Cecilia Navarro, que enfatiza la importancia de una política ambiental con enfoque social, económico y cultural.
Es crucial fortalecer la participación ciudadana y la consulta previa en proyectos de gran envergadura como el Tren Maya.
Las organizaciones sociales con visión ecofeminista, como la Agenda de las mujeres rurales frente a la emergencia climática, presentada en la Cámara de Diputados, buscan tener eco en el mensaje de Sheinbaum.
Conclusión
Sheinbaum enfrenta un escenario complejo en materia ambiental, con la necesidad de equilibrar las demandas de desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Su éxito dependerá de su capacidad para construir una política ambiental integral que atienda las tensiones socioambientales heredadas y promueva una transición energética sostenible.
