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El texto de Alejandra Spitalier del 24 de Octubre del 2024 analiza la controversia que ha surgido en torno a la reforma judicial en México, específicamente la acusación de que el Poder Judicial Federal (PJF) y el Poder Ejecutivo están violando el equilibrio constitucional y el Estado de derecho.

Resumen

• Alejandra Spitalier argumenta que la reforma judicial es una fórmula constitucional que reconfigura al Poder Judicial bajo nuevos cimientos.
• Se critica la postura del PJF que considera que la reforma viola derechos humanos y que solo ellos pueden frenar esta vulneración constitucional.
• Spitalier sostiene que la Constitución General de la República es la norma suprema y que el poder reformador de la Constitución es el único válido para cambiar la norma suprema.
• Se menciona que la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo señala que este juicio no procede contra reformas constitucionales.
• Spitalier concluye que las resoluciones dictadas en contra de la reforma constitucional en materia judicial son ilegales y sin impacto jurídico posible.
• Se argumenta que cumplir con estas resoluciones sería avalar su ilicitud y coludirse en un acto en contra del Estado de derecho.
• Spitalier considera que no se puede hablar de un desacato por parte de la presidenta Sheinbaum, ya que para exigir un cumplimiento primero debe haber una sentencia autorizada.
• Se afirma que argumentar que se deben acatar todas las resoluciones judiciales, incluso las ilegales, implicaría aceptar que el Poder Judicial está por encima de la Constitución, lo que conduciría a una crisis constitucional.
• Spitalier sostiene que la reforma no viola derechos de la población en general, pues seguimos teniendo el mismo acceso a la impartición de justicia.
• Se enfatiza la necesidad de encontrar un punto de encuentro que garantice el equilibrio entre los poderes y el respeto a las decisiones democráticas, siempre bajo el marco jurídico para no violentar el Estado de derecho.

Conclusión

Alejandra Spitalier defiende la legalidad de la reforma judicial y critica la postura del PJF, argumentando que la Constitución es la norma suprema y que el poder reformador es el único válido para modificarla. Se enfatiza la necesidad de un equilibrio entre los poderes y el respeto a las decisiones democráticas, siempre dentro del marco jurídico para no violentar el Estado de derecho.