Sacerdotes asesinados, demasiado silencio

El texto de Jorge Fernández Menéndez del 23 de octubre de 2024 analiza la situación de inseguridad e ingobernabilidad en Chiapas tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas. El autor argumenta que este crimen no es un hecho aislado y que la situación requiere una intervención federal similar a la de 1994.

Resumen

• El asesinato de Marcelo Pérez, un reconocido defensor de los derechos indígenas, es un reflejo de la violencia que sufren las comunidades en Chiapas.
• La situación actual en Chiapas es resultado de la ineficacia del gobierno de Rutilio Escandón, quien ha abandonado las políticas de seguridad y ha permitido la expansión del crimen organizado.
• Se necesita una intervención federal similar a la de 1994 para controlar la violencia y garantizar la seguridad nacional.

• Publicidad
• La iglesia católica debe tomar una posición más firme contra el crimen organizado y defender los derechos humanos de sus sacerdotes y de la población en general.
• La iglesia católica ha tenido una actitud ambigua frente al crimen organizado, con algunos sacerdotes incluso llegando a acuerdos con grupos criminales.
• La muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en Chihuahua en 2022, y la del padre José Guadalupe Rivas en Baja California en 2022, deberían haber sido puntos de inflexión para la iglesia.
• La iglesia debe aprovechar su influencia para cambiar el curso de las cosas, especialmente considerando la postura clara del papa Francisco contra el narcotráfico y la violencia.

Conclusión

El texto de Jorge Fernández Menéndez destaca la necesidad de una intervención federal en Chiapas para combatir la violencia y la inseguridad. Además, critica la actitud ambigua de la iglesia católica frente al crimen organizado y la necesidad de que tome una posición más firme en defensa de los derechos humanos. El autor considera que el asesinato de Marcelo Pérez debe ser un punto de inflexión para la iglesia y para el gobierno federal, y que se deben tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad de la población y de los sacerdotes.