El texto de Francisco Garfias del 23 de Octubre del 2024 describe la propuesta del gobierno mexicano de modificar la Constitución para impedir que los jueces puedan revisar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.
Resumen
El proyecto de decreto presentado por el oficialismo busca impedir que los jueces puedan otorgar amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias contra reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.
Esta propuesta es una respuesta a la resistencia de los jueces a la controvertida reforma judicial que busca reemplazarlos con jueces elegidos por voto popular.
El proyecto de decreto fue presentado por Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, y firmado por los líderes de Morena en el Congreso: Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna.
El proyecto de decreto modifica los artículos 1º, 103, 105 y 107 de la Constitución, limitando el poder de los jueces para revisar las reformas constitucionales.
La oposición, liderada por el PAN, ha criticado la propuesta, argumentando que es violatoria de los tratados internacionales y un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario.
Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada del PAN en el Senado, ha señalado que la propuesta es "claramente violatoria" de los tratados internacionales.
Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, ha advertido que la propuesta es un "paso gigantesco hacia la consolidación de un régimen de corte autoritario".
Alito Moreno, líder del PRI, ha criticado la propuesta por violar el principio de no retroactividad y el de propersona.
Clemente Castañeda, senador de MC, ha calificado la propuesta como la "reforma más peligrosa para el orden jurídico en la historia".
Conclusión
La propuesta del gobierno mexicano de modificar la Constitución para impedir la revisión judicial de las reformas constitucionales es una medida que podría tener graves consecuencias para el estado de derecho en México. La propuesta ha sido criticada por la oposición, que la considera un intento de consolidar un régimen autoritario. La aprobación de esta propuesta podría significar un retroceso en la democracia mexicana y un debilitamiento del poder judicial.
