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El texto, escrito por Alberto Rueda el 18 de octubre de 2024, analiza las posibles consecuencias de un aumento en la tarifa del transporte público en Puebla.

Resumen

• Alberto Rueda expresa su incredulidad ante la posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público en Puebla, argumentando que la calidad del servicio no justifica un incremento.
• Un aumento en la tarifa podría tener repercusiones negativas en la percepción ciudadana y en la estabilidad del próximo gobierno.
• El aumento propuesto, de hasta 19 pesos, se plantea en medio de la transición entre el gobernador Sergio Céspedes y su sucesor Alejandro Armenta.
• El recuerdo del aumento del 2019, impulsado por el exgobernador Miguel Barbosa, sirve como advertencia de los riesgos asociados a un aumento en la tarifa.
• Barbosa prometió mejoras en el servicio, como la renovación del parque vehicular, la instalación de cámaras de vigilancia y una mejora general en el servicio, pero estas promesas no se cumplieron.
• El transporte público en Puebla se caracteriza por su mal servicio, inseguridad y frecuentes accidentes.
• La aprobación del aumento podría manchar la gestión del gobernador Céspedes con un costo social y político alto.
• Un nuevo incremento en la tarifa sería visto como un acto de indiferencia hacia las necesidades de la población.
• El futuro del transporte público en Puebla será una prueba de fuego para el gobierno saliente y el entrante, quienes deberán demostrar que los intereses de los poblanos están por encima de los acuerdos políticos o económicos con los concesionarios.

Conclusión

El texto de Alberto Rueda destaca la complejidad del tema del transporte público en Puebla, donde la calidad del servicio no se corresponde con las expectativas de la población. Un aumento en la tarifa podría tener consecuencias negativas para el gobierno y para la percepción ciudadana, especialmente en un contexto de inflación y costo de vida elevado. El futuro del transporte público en Puebla dependerá de la capacidad del gobierno para priorizar los intereses de la población por encima de los intereses de los concesionarios.