El texto, escrito por Simón Hernández León el 18 de octubre de 2024, analiza las reformas impulsadas por la 4T en el Congreso de la Unión, argumentando que atentan contra principios constitucionales históricos y configuran un fraude constitucional que habilita el desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Resumen
Las reformas buscan "capturar" al Poder Judicial de la Federación mediante la renovación total en 2025 y 2027 a través de la elección directa, lo que genera condiciones para una composición oficialista.
Se impulsa una serie de reformas que buscan limitar el rol del Poder Judicial como garante del orden constitucional y conformar un texto constitucional que permitiría incumplir con sentencias internacionales.
La reforma de la Guardia Nacional la convierte en una fuerza armada permanente con funciones de seguridad pública, lo que contradice las Constituciones de 1857 y 1917, profundizando la militarización de la vida pública del país.
La reforma judicial contiene un artículo transitorio que ordena su interpretación "literal" y prohíbe cualquier suspensión o inaplicación, lo que nulifica el control de convencionalidad.
La iniciativa sobre prisión preventiva oficiosa, en claro desacato a la condena de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez, amplía los delitos de prisión automática y prohíbe al Poder Judicial inaplicar esta figura.
La tendencia a constitucionalizar violaciones de derechos es consecuencia de una pedagogía política perversa, con ejemplos como el arraigo, la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
La Suprema Corte ha validado esta práctica al negarse a la revisión de reformas a la Constitución, estableciendo la prevalencia de restricciones constitucionales que se opongan a los tratados de derechos humanos o sentencias internacionales.
Algunos ministros y ministras, como José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Olga Sánchez, Juan Silva, Genero Góngora, González Alcántara y Gutiérrez Ortiz Mena, han sostenido en una posición de minoría el control judicial de reformas a la Constitución.
El país enfrenta una crisis institucional por la confrontación de los tres Poderes y un escenario de responsabilidad internacional agravada por el incumplimiento de fallos de la Corte Interamericana.
La Suprema Corte se enfrenta a la disyuntiva de capitular o asumir una posición a favor de los derechos humanos, lo que elevará la tensión con la Presidencia y el Congreso.
Restablecer el equilibrio del orden constitucional exige un diálogo republicano de los Poderes del Estado y una posición del Alto Tribunal que asuma con sentido de responsabilidad histórica un rol de Tribunal Constitucional garante de la división de poderes, de los principios constitucionales y del orden público interamericano.
Conclusión
El texto de Simón Hernández León presenta una crítica contundente a las reformas impulsadas por la 4T, argumentando que estas representan un ataque a los principios constitucionales históricos y un riesgo para el orden público interamericano. El autor destaca la responsabilidad de la Suprema Corte en la defensa de los derechos humanos y la necesidad de un diálogo republicano entre los Poderes del Estado para restablecer el equilibrio del orden constitucional.
