El texto de Luis De La Barreda Solorzano, escrito el 9 de enero de 2025, analiza críticamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando que viola los derechos humanos y contraviene las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El autor destaca la incongruencia entre las obligaciones internacionales de México y su práctica judicial.
Más de 90,000 presos sin condena en México.
Resumen:
Se cuestiona la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como homicidio, violación y secuestro, argumentando que un acusado no es necesariamente culpable.
Se reconoce la necesidad de prisión preventiva en casos de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o peligro para víctimas y terceros. En otros casos, se propone el uso de medidas cautelares menos restrictivas, como dispositivos de localización.
Se critica la prisión preventiva oficiosa por lesionar el principio de presunción de inocencia, obligando a los jueces a aplicarla incluso cuando la consideran innecesaria.
Se destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México, una resolución vinculante para el Estado mexicano.
Se señala que el incumplimiento de esta resolución coloca a México en una posición similar a regímenes que violan los derechos humanos, como Venezuela y Trinidad y Tobago.
Se refuta la creencia popular de que la libertad durante el juicio implica impunidad, aclarando que una condena posterior conlleva la reaprehensión.
Se critica el aumento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de México, especialmente considerando la frecuencia de acusaciones falsas y la falta de independencia judicial.
Se menciona el caso de 31 científicos perseguidos, ilustrando el uso arbitrario de la prisión preventiva oficiosa.
Se destaca la advertencia de Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con las normas internacionales de derechos humanos.
Se critica la ignorancia de los legisladores oficialistas ante la advertencia de Jan Jarab.
Conclusión:
La aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México es una violación a los derechos humanos y contraviene las resoluciones internacionales.
La falta de independencia judicial y la frecuencia de acusaciones falsas agravan la situación.
El incumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos coloca a México en una posición cuestionable a nivel internacional.
Se urge la derogación de la prisión preventiva oficiosa y la adopción de medidas cautelares menos lesivas.
