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El texto de Gabriel Torres Espinoza, escrito el 9 de Enero de 2025, analiza la crisis de desapariciones forzadas en Jalisco, México, destacando la responsabilidad de los gobiernos en su ejecución, permisividad y encubrimiento. Se basa en un informe titulado “Desaparición forzada en Jalisco. Más que casos, el motor de su crisis de personas desaparecidas”.

Más de 4,354 denuncias por desaparición forzada se han registrado en Jalisco.

Resumen

• Se documentó la implicación de servidores públicos en un número significativo de desapariciones en Jalisco. La Cobupej y la Fiscalía Especial registraron al menos 4,354 denuncias.
• Un análisis de 160 casos revela que más de la mitad son atribuibles a policías municipales (85 casos), seguidos por elementos de la Fiscalía estatal (47 casos).
• Las desapariciones involucran diversas modalidades, incluyendo detenciones arbitrarias, operativos violentos y entregas indirectas tras liberaciones condicionadas.
• El 75% de los casos involucró a una o dos víctimas, con una edad promedio de 33.6 años y una mayoría de hombres.
• Se destaca la modalidad de ‘consentimiento desde arriba’, donde autoridades superiores ordenan la omisión, intervención o facilitación del crimen.
• Jalisco se encuentra entre los cinco estados con mayor número de desapariciones en México, junto con Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
• La cifra de desaparecidos en México superó las 100,000 en 2022, según organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
• En Jalisco, hay más de 16,000 personas desaparecidas, dos terceras partes en los últimos seis años. Las desapariciones ocurren en entornos urbanos, a plena luz del día, con participación de agentes estatales, municipales y federales.
• La CEDHJ y el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara han señalado la participación o tolerancia de servidores públicos en estos crímenes.
• El texto cuestiona los discursos oficiales que atribuyen las desapariciones a conflictos del crimen organizado o ausencias voluntarias.

Conclusión

• La crisis de desapariciones en Jalisco no es un conjunto de casos aislados, sino un mecanismo rutinario de violencia sistemática.
• Se requieren acciones contundentes, reformas profundas en los cuerpos de seguridad y justicia, y la erradicación de la impunidad.
• La responsabilidad de los gobiernos en la ejecución, permisividad y encubrimiento de estos crímenes es evidente.
• La corrupción, la impunidad y el miedo son factores clave que perpetúan el sufrimiento de miles de familias.