Rank Columnas | Mail o Telegram

El texto de Alberto Aguirre, del 8 de enero de 2025, analiza la situación legal y financiera derivada de la reforma constitucional del Poder Judicial, específicamente en torno a la extinción de fondos y fideicomisos administrados por Nacional Financiera (NAFIN). Se abordan las implicaciones de esta extinción, las acciones de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, y las consecuencias para los trabajadores del Poder Judicial. Además, se incluyen notas sobre temas no relacionados directamente con la reforma, como las declaraciones de Donald Trump y un cambio de propiedad en el periódico Ovaciones.

Dato importante: La falta de una sentencia definitiva en juicios de amparo impide la entrega de fondos de fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación.

Resumen

• La reforma constitucional del Poder Judicial, en su artículo décimo transitorio, otorgó 90 días para extinguir fondos y fideicomisos de órganos jurisdiccionales, depositando los recursos en la Tesorería de la Federación.
• El plazo venció hace un mes, pero NAFIN, la institución fiduciaria, aún no entrega los fondos debido a la falta de una sentencia definitiva en los juicios de amparo 434/2024 y 2020/2024.
• La ministra presidenta Norma Lucía Piña ha realizado gestiones para la entrega de los recursos, instruyendo a NAFIN sobre su destino (SCJN/PRESIDENCIA/084/2024 del 11 de diciembre de 2024).
• Los fondos incluyen el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, recursos de publicaciones, pensiones complementarias, prestaciones médicas y remanentes presupuestales.
• La reforma garantiza el respeto a los derechos laborales, incluyendo el pago de pensiones y liquidaciones para jueces, magistrados y ministros que concluyan sus encargos.
• La delegada fiduciaria, Martha Eugenia Arana Lira, argumenta la falta de sentencia definitiva como impedimento legal para la entrega de los fondos.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene contratos con NAFIN para administrar diversos recursos.
• Los juzgados afectados se encuentran en la Ciudad de México y Sinaloa.

Conclusión

• La situación legal impide la transferencia de fondos cruciales para el Poder Judicial.
• La falta de resolución en los juicios de amparo genera incertidumbre sobre el futuro financiero del Poder Judicial.
• La reforma constitucional, aunque garantiza derechos laborales, presenta desafíos en su implementación práctica.
• Las declaraciones de Donald Trump y el cambio de propiedad de Ovaciones son temas relevantes, pero no directamente relacionados con la problemática central del texto.
• La falta de resolución judicial genera un retraso en la implementación de la reforma.