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Este texto, escrito por José Ramón Cossío Díaz el 7 de enero de 2025, analiza la reforma al artículo 21 constitucional de México, que modifica el sistema de seguridad pública, introduciendo a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional en la investigación de delitos. El autor expresa su preocupación por la ambigüedad de la reforma y sus posibles consecuencias.

La reforma al artículo 21 constitucional introduce a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional en la investigación de delitos, generando incertidumbre sobre su autonomía respecto al Ministerio Público.

Resumen

• Se reforma el artículo 21 constitucional de México el 31 de diciembre del 2024, modificando el sistema de investigación de delitos.
• Antes de la reforma, la investigación correspondía al Ministerio Público (federal o local) y a las policías bajo su mando.
• La reforma incorpora a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional en la investigación de delitos.
• Existen dos interpretaciones de la reforma: una donde la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional investigan con autonomía, y otra donde siguen las directrices del Ministerio Público.
• La iniciativa y los dictámenes del Congreso de la Unión no aclaran la interpretación correcta.
• Cossío Díaz considera que la reforma establece un nuevo modelo donde la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública pueden investigar delitos sin la dirección del Ministerio Público.
• La reforma no modifica los supuestos constitucionales para la persecución de delitos (arraigos, prisiones preventivas, órdenes de cateo y aprehensión, etc.), que siguen siendo competencia del Ministerio Público.
• La reforma amplía los actores en la investigación, pero no en la persecución y sanción de los delitos.

Conclusión

• La reforma al artículo 21 constitucional genera incertidumbre sobre el rol de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública en la investigación de delitos.
• La ambigüedad de la reforma podría llevar a diferentes interpretaciones, afectando la política de seguridad pública en México.
• Es crucial clarificar el alcance de las facultades de investigación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública para evitar conflictos y asegurar la eficacia del sistema de justicia.
• La falta de precisión en la reforma genera preocupación sobre el equilibrio de poderes y la posible subordinación del Ministerio Público.