Prisión preventiva oficiosa, ¿artimaña?

El texto de Ruth Zavaleta Salgado, escrito el 4 de enero de 2025, analiza la problemática de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en México, a la luz de las reformas constitucionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se critica la ineficacia de las reformas como solución al problema de la impunidad y el crecimiento de la delincuencia.

La población penitenciaria en México creció un 3.2% de 2022 a 2023, con un 37.4% de la población sin sentencia, de los cuales casi el 44.3% están detenidos bajo PPO.

Resumen:

• Se critica la reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024 que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), a pesar de las sentencias de la CIDH en casos como García Rodríguez y otro contra México y Tzompaxtle Tecpile.
• Se mencionan las reformas constitucionales de 2008, 2011, 2019 y 2024, que han expandido la aplicación de la PPO, contradiciendo los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

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• Se destaca el incremento de la población penitenciaria y el alto porcentaje de personas sin sentencia, muchas de ellas bajo PPO, especialmente en los centros penitenciarios locales.
• Se cuestiona la eficacia de la PPO como solución al problema de la impunidad y el crecimiento de la delincuencia, señalando la falta de incremento presupuestal para atender la problemática a pesar de la reforma de 2024.
• Se menciona el crecimiento de diversos delitos de alto impacto desde 2006 hasta 2024, como homicidio doloso, feminicidio, desaparición forzada, abuso y violencia sexual, crimen organizado, lesiones dolosas y delitos electorales.
• Se incluye la información de que el INEGI en 2024 reportó que el 91.1% de los presuntos infractores se encuentran recluidos en centros penitenciarios locales, a pesar de que el presupuesto para estos es menor al de los centros federales.
• Se menciona la situación en Estado de México y Michoacán, donde el 100% de los detenidos están bajo la figura de PPO.

Conclusión:

• La reforma constitucional que amplía la PPO no parece ser una solución efectiva para combatir la delincuencia y la impunidad en México.
• La falta de recursos destinados a los centros penitenciarios locales, donde se concentra la mayoría de los detenidos bajo PPO, genera dudas sobre la verdadera intención de la medida.
• Se requiere una estrategia integral que aborde las causas de la delincuencia y la impunidad, en lugar de simplemente endurecer las penas.
• La aplicación de la PPO debe ser revisada a la luz de los derechos humanos y las sentencias de la CIDH.
• El análisis de Ruth Zavaleta Salgado pone en evidencia la necesidad de una reforma judicial más profunda y efectiva que garantice el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.