¿No que la Constitución se debe aplicar literal?

Este texto de Pascal Beltrán del Río, escrito el 30 de enero de 2025, analiza la contradicción en la postura del oficialismo mexicano respecto a la interpretación de la Constitución, específicamente en el contexto de la Reforma Judicial y la asignación de diputaciones plurinominales. Se observa un cambio de estrategia del oficialismo, pasando de una postura de aplicación textual a una interpretación flexible de la Carta Magna.

El oficialismo mexicano cambió su postura sobre la interpretación de la Constitución, pasando de una aplicación textual a una interpretación flexible.

Resumen

• El oficialismo mexicano, liderado por Morena, inicialmente abogó por una aplicación textual de la Constitución, rechazando cualquier interpretación. Esto se reflejó en la asignación de diputaciones plurinominales y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Se citó el transitorio décimo primero de la Reforma Judicial y el artículo 19 constitucional como base de esta postura.
• Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación y actual dirigente de Morena, defendió esta interpretación textual en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, incluso interviniendo en asuntos fuera de sus atribuciones. Tanto el INE como el TEPJF coincidieron con este criterio en la asignación de diputaciones.

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• Sin embargo, durante la designación de candidatos para la elección de juzgadores, el oficialismo cambió de postura y optó por una interpretación flexible de la Constitución, con el apoyo de tres magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
• El Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió sus actividades tras órdenes contradictorias de jueces de distrito. El TEPJF, en lugar de resolver la contradicción, ordenó al Senado de la República, a través de su Mesa Directiva y su presidente Gerardo Fernández Noroña, que completara el proceso mediante sorteo.
• Este proceso de sorteo, realizado el 31 de enero, contradice el artículo 96, fracción III, de la Constitución, ya que el Comité ya había renunciado y no se contempla en la Carta Magna la posibilidad de que el TEPJF delegue sus funciones al Senado.

Conclusión

• El cambio de postura del oficialismo demuestra una inconsistencia en su interpretación de la Constitución.
• La decisión del TEPJF de delegar al Senado la conclusión del proceso de selección de juzgadores, sin base constitucional, genera dudas sobre la legalidad del procedimiento.
• La acción del oficialismo evidencia una aplicación pragmática de la ley, priorizando la consecución de sus objetivos políticos sobre el estricto apego a la Constitución.
• La situación plantea serias interrogantes sobre el estado de derecho en México.