El texto de Alberto Aguirre, escrito el 3 de enero de 2025, describe la estructura y funciones de la nueva secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en México, incluyendo la creación de nuevas direcciones generales para combatir la corrupción y mejorar la gestión pública.
El Reglamento Interno de la nueva secretaría entró en vigor el 31 de diciembre de 2024.
Resumen:
Se crean dos nuevas direcciones generales dentro de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: la Dirección General de Gestión y la Dirección General de Evaluación de la Confianza.
La Dirección General de Gestión se encargará del empadronamiento de empleados federales, incluyendo aquellos con plaza por servicio profesional de carrera o puestos de libre designación.
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La Dirección General de Evaluación de la Confianza instrumentará procesos de evaluación para funcionarios en cargos estratégicos, incluyendo exámenes médico, toxicológico, socioeconómico, psicológico y psicotécnico. Todas las evaluaciones de confianza serán obligatorias, incluso para quienes ya hayan sido evaluados previamente. La no asistencia a las evaluaciones tendrá consecuencias disciplinarias.
Ambas direcciones integrarán un programa de capacitación, certificación y desarrollo para servidores públicos.
La subsecretaría de Buen Gobierno se encargará de la política de evaluación de confianza y prevención de la corrupción.
La subsecretaría Anticorrupción se encargará de la planeación, implementación y evaluación del Programa Anual de Fiscalización.
Se crea una nueva dirección general para la evaluación de confianza de los servidores públicos y se contempla la implementación de un nuevo servicio profesional de carrera.
Se crean dos nuevas direcciones para la organización y remuneración de las dependencias de la administración pública, divididas en sectores A y B.
El sector A incluye la oficina de la Presidencia, la consejería jurídica del Ejecutivo federal, el IMSS, el ISSSTE y varias secretarías, incluyendo Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Buen Gobierno, Educación Pública, Salud y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
El sector B incluye otras secretarías, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tribunales agrarios, entidades no sectorizadas, órganos reguladores en materia energética y empresas públicas del Estado.
Conclusión:
La creación de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con sus nuevas direcciones generales y subsecretarías, representa un esfuerzo significativo para fortalecer la gestión pública y combatir la corrupción en México.
La implementación de un nuevo sistema de evaluación de confianza y la creación de un nuevo servicio profesional de carrera buscan mejorar la eficiencia y la integridad del servicio público.
La división de las dependencias en dos sectores podría facilitar la organización y la administración de los recursos públicos.
El éxito de estas iniciativas dependerá de su efectiva implementación y del compromiso de todos los actores involucrados.
