El 'huachicoleo' de agua

El texto de Miguel Ángel Vargas, escrito el 29 de Enero de 2025, describe un operativo contra la sustracción ilegal de agua en Puebla, México, destacando la magnitud del problema y la complicidad de autoridades. Un dato importante es que la actividad ilegal de extracción de agua es tan lucrativa como el robo de hidrocarburos.

La sustracción ilegal de agua en Puebla es tan lucrativa como el robo de hidrocarburos.

Resumen

• Se realizó un operativo conjunto de la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la delegación de la Conagua en Tehuacán, Puebla.
• Se detuvo a varios "piperos" y se clausuró una bodega de la empresa "Pipas Ardy" en la colonia La Ermita en San Lorenzo Teotipilco.

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• El inmueble, previamente clausurado, seguía operando ilegalmente.
• La Fiscalía General de la República investigará la magnitud del daño ambiental y las sanciones correspondientes.
• El operativo se realizó tras años de sustracción ilegal de agua en la región, incluso en la capital poblana y su zona metropolitana.
• La Conagua justifica su inacción por falta de personal para cubrir los 217 municipios de Puebla.
• Se señala la corrupción de inspectores de la Conagua, quienes reciben sobornos para permitir la operación ilegal de las pipas.
• Se propone que la Conagua revise los permisos de extracción de agua para identificar y sancionar a las empresas que operan ilegalmente.
• La extracción ilegal de agua se considera un delito federal debido a que se trata de recursos naturales propiedad de la nación.

Conclusión

• La sustracción ilegal de agua en Puebla es un problema grave y lucrativo que requiere una acción contundente de las autoridades.
• La corrupción dentro de la Conagua es un factor clave que permite la continuación de esta actividad ilegal.
• Es necesario un mayor control y supervisión por parte de la Conagua sobre los permisos de extracción de agua.
• La colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad es fundamental para combatir este tipo de delitos.
• La investigación de la FGR es crucial para determinar la magnitud del daño ambiental y aplicar las sanciones correspondientes.