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Este texto de Carlos Fernández-Vega, escrito el 28 de enero de 2025, denuncia un extenso esquema de corrupción en instituciones mexicanas, particularmente en el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit, que ha perjudicado gravemente a los derechohabientes y al erario público.

249,000 derechohabientes del Infonavit fueron despojados de sus viviendas mediante juicios masivos ilegales.

Resumen:

• Se detalla un esquema de corrupción en el Infonavit, IMSS e ISSSTE, donde fondos públicos fueron desviados para beneficiar a políticos, empresarios y sus allegados.
• Octavio Romero, director del Infonavit, denunció fraudes, corrupción, estafas, despojo de viviendas, tráfico de influencias y otras irregularidades dentro del organismo. Se mencionan a David Penchyna y Alejandro Murat (ambos vinculados con Enrique Peña Nieto) como directivos involucrados.
• Se identificó una red de corrupción que involucra a jueces, despachos de abogados (Gabbsa, Beamber, ECD, Aguilar, ILS, Tormenz, Bajacoast, Escaip, Molrod, Cajiga y otros ocho) y funcionarios locales, que despojó de sus viviendas a 249,000 derechohabientes mediante juicios masivos ilegales.
• Estos juicios ilegales generaron pagos ilegales por 29,000 millones de pesos a una veintena de despachos de abogados.
• De 373,000 derechohabientes afectados, el 80% (302,000) fueron demandados en estados diferentes a su residencia, sin notificación personal.
• 207,000 viviendas no pueden ser escrituradas debido a la ilegalidad de los juicios, quedando en un limbo legal. Otras 42,000 fueron vendidas en subastas.
• Los partidos PRI y PAN, implicados en el esquema, anuncian resistencia civil.
• El texto también menciona brevemente la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles.

Conclusión:

• La corrupción en instituciones mexicanas ha causado un daño significativo a los derechohabientes y al erario público, representando un saqueo de cientos de miles de millones de pesos.
• Las denuncias de Octavio Romero han puesto en evidencia un sistema de corrupción profundamente arraigado, que involucra a diversos actores, incluyendo funcionarios públicos, despachos de abogados y el poder judicial.
• La respuesta de los partidos PRI y PAN indica una resistencia a las investigaciones y a la rendición de cuentas.
• La magnitud del daño y la complejidad del esquema de corrupción requieren una investigación exhaustiva y acciones contundentes para sancionar a los responsables y reparar el daño causado.