Ilegal, “adopción” de la lista judicial

El texto de Carlos Marín, escrito el 28 de enero de 2025, analiza la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de instruir al Senado a seleccionar candidatos a jueces, magistrados y ministros, decisión que el autor considera carente de fundamento jurídico.

El Tribunal Electoral carece de la facultad legal para instruir al Senado a realizar la selección de candidatos.

Resumen

• El Tribunal Electoral, en sesión privada, aprobó la propuesta de la magistrada presidenta Mónica Soto para que el Senado sustituya al Comité Consultivo del Poder Judicial en la selección de candidatos. Esta decisión fue apoyada por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, pero rechazada por Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón.
• La decisión se tomó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, y los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, intervinieran e instruyeran al Tribunal a dividir la lista de candidatos entre los comités del Ejecutivo y Legislativo.

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• La reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, específicamente el artículo Décimo Primero transitorio, establece que los órganos del Estado deben atenerse a su literalidad, sin interpretaciones análogas o extensivas.
• El artículo 96, fracción III, segundo párrafo de la Constitución, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 500, numeral 9) establecen que las autoridades que no remitan postulaciones en el plazo establecido no podrán hacerlo posteriormente.
• El autor argumenta que la decisión del Tribunal es ilegal, ya que no existe la posibilidad de que un órgano jurisdiccional modifique los términos del decreto de reforma, ni que un Poder envíe la lista de candidatos de otro.

Conclusión

• La decisión del Tribunal Electoral es considerada ilegal por Carlos Marín debido a la falta de fundamento jurídico.
• La intervención de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal influyó en la decisión del Tribunal.
• La reforma constitucional de 2024 y la legislación secundaria son consideradas como "destructivas" y "atropelladas" por el autor.
• El autor concluye que si un Poder no remite la lista de candidatos al Senado en el plazo establecido, ningún otro Poder puede hacerlo en su lugar.