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Este texto de Mauricio Meschoulam, escrito el 25 de enero de 2025, analiza la problemática de la designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas por parte de Estados Unidos, destacando las implicaciones políticas y legales de dicha decisión. > El texto argumenta que la designación de grupos como terroristas está más relacionada con agendas políticas que con la ocurrencia real de actos terroristas.

Resumen

• El término "terrorismo" es políticamente cargado, percibiéndose como una categoría de violencia "superior" a otras, lo que influye en la legislación y las acciones tomadas.
• El terrorismo no se define por el número de víctimas civiles o el miedo generado, sino por la intención premeditada de causar terror para influir en la opinión pública y lograr objetivos políticos, ideológicos o religiosos. Es un acto comunicativo que busca impactar psicológicamente a una audiencia más amplia que las víctimas directas.
• La legislación antiterrorista, al considerar el terrorismo como una violencia "más grave", otorga a las autoridades mayores facultades, incluso para acciones preventivas basadas en sospechas, como se observa en Estados Unidos con la Patriot Act.
• La designación de organizaciones como terroristas por parte de Estados Unidos, como se ejemplifica con el caso de los houthies en Yemen, está influenciada por las agendas políticas de cada administración, siendo una herramienta negociable y no necesariamente un reflejo de la realidad del fenómeno terrorista. Las decisiones de Donald Trump y Joe Biden respecto a los houthies ilustran esta volatilidad.

Conclusión

• La designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos debe ser analizada con cautela, considerando las implicaciones políticas y legales que conlleva.
• Es crucial comprender que la gravedad del terrorismo no reside únicamente en el daño material, sino en su impacto psicológico y político.
• La legislación antiterrorista debe ser revisada para evitar abusos de poder y garantizar que se aplique de manera justa y proporcional.
• El enfoque en la prevención y disuasión del terrorismo debe ser equilibrado con el respeto a los derechos humanos y el debido proceso legal.