Rank Columnas | Mail o Telegram

El texto de Marlene Mizrahi, escrito el 20 de Enero de 2025, analiza la baja participación ciudadana esperada en las elecciones del Poder Judicial de México, debido a la falta de promoción, financiamiento y la complejidad del proceso electoral.

Se estima una participación entre el 8% y el 15% del padrón electoral.

Resumen

• Se elegirán 881 cargos del Poder Judicial con una participación ciudadana proyectada muy baja (entre 8% y 15%).
• Más de 5,300 candidatos a nivel federal compiten, además de los candidatos a nivel local (aún por definirse).
• La falta de un porcentaje mínimo de votación para validar el proceso es cuestionable, a diferencia de la Consulta Popular de 2021 y la Revocación de Mandato de 2022, que requerían un 40%.
• El presupuesto para la elección se incrementó en 800 millones de pesos, pasando de 6,219 millones a 7,019 millones, para fortalecer al INE y fomentar la participación. Se instalarán 86,000 casillas, la mitad de las del proceso electoral federal de 2024.
• No hay financiamiento público ni privado para campañas, ni promoción en las calles. La publicidad se limita al INE y al micrositio "Conócelos".
• La votación se realizará por nombres individuales, sin emblemas de partidos, lo que dificulta la elección informada y aumenta la probabilidad de voto al azar.
• El proceso de votación se estima que tomará entre 9 y 10 minutos.
• La baja participación ciudadana concentra el poder en quienes impulsaron la reforma.
• Wright Mills explica que el poder reside en las decisiones sobre las circunstancias de vida, y que la elaboración de esas decisiones es el problema básico del poder.
• El Instituto Nacional Electoral (INE) y su presidenta, Guadalupe Taddei, son actores clave en este proceso.
• La presidenta Claudia Sheinbaum aprobó el incremento presupuestal.

Conclusión

• La falta de promoción y financiamiento para las elecciones del Poder Judicial provocará una baja participación ciudadana.
• La complejidad del proceso y la falta de información sobre los candidatos favorecen la concentración del poder en un grupo reducido.
• La escasa participación ciudadana pone en duda la legitimidad del proceso electoral.
• El diseño del proceso electoral favorece la falta de conocimiento de los candidatos y la elección al azar.