Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto, escrito por Ytzel Maya el 19 de enero de 2025, critica la postura de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) en defensa de la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando su incompatibilidad con los derechos humanos. El autor argumenta que la CNDH, en su comunicado del 11 de enero de 2025, minimiza las implicaciones de esta medida en los derechos humanos.

La prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos básicos como la presunción de inocencia.

Resumen

• El texto cuestiona la defensa de la prisión preventiva oficiosa por parte de la CNDH, calificándola de anticientífica y contradictoria con su mandato de proteger los derechos humanos.
• Se argumenta que la prisión preventiva oficiosa, al ser automática y sin valoración individual, viola principios del derecho penal garantista como la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la privación de la libertad.
• Se cita la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y su postura contraria a la prisión preventiva oficiosa, ejemplificando con el caso García Rodríguez y otro vs. México.
• El autor plantea un oxímoron: "prisión/derechos humanos", destacando la incompatibilidad entre la cárcel como institución de control y la garantía de derechos fundamentales.
• Se critica la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva como un refuerzo de la desigualdad y la criminalización de la pobreza y la vulnerabilidad social.
• Se concluye que defender la prisión preventiva oficiosa desde una perspectiva de derechos humanos es jurídicamente y éticamente insostenible.
• El texto cuestiona la priorización del castigo sobre la garantía de justicia como pilar de la seguridad pública en México.

Conclusión

• La defensa de la prisión preventiva oficiosa por parte de la CNDH es una contradicción que debilita el estado de derecho y fortalece un régimen de control y exclusión.
• La verdadera seguridad radica en la garantía de derechos humanos, no en su restricción.
• Es necesario un cambio de paradigma que priorice la justicia y la atención a las causas estructurales de la inseguridad, en lugar de la aplicación indiscriminada de castigos.
• La sociedad debe cuestionar la eficacia del encarcelamiento automático como solución a problemas complejos como la violencia y la desigualdad.